Uno de los mayores pendientes que tenemos en México es garantizar el acceso de todos a la justicia. Hoy, la realidad es gravísima: solo el 1% de los delitos se persigue. Si realmente queremos que México goce de un Estado de Derecho sólido donde la ley impere y se acabe con la corrupción se debe fortalecer al Poder Judicial.

Debilitarlo presupuestalmente, y más bajo premisas equivocadas, valoraciones políticas o amagos para su sometimiento a otros poderes, dañará no solo a jueces, magistrados y ministros; sino a las víctimas y a quienes claman justicia. Asfixiar presupuestalmente al Poder Judicial es un despropósito y de manera indirecta una forma de revictimizar a quienes hoy más requieren respaldo.

El acceso de los mexicanos a la justicia no es negociable

Al igual que para un enfermo no puede ser negociable si es recibido o no en un hospital para ser atendido, una víctima tampoco puede estar sometida a una determinación de saber si hay o no presupuesto suficiente para que su caso sea llevado ante un juez y se le procure justicia.

La Cámara de Diputados pretende realizar un recorte de entre 15 mil y 25 mil millones de pesos al Poder Judicial de la Federación, un recorte que podría representar el 31% del presupuesto que tuvo en 2023. Esto resulta inaceptable en un contexto donde año tras año crecen el número de casos y de personas que recurren a instancias legales para hacer valer sus derechos.

Presupuesto a la baja

Es muy importante advertir que el Poder Judicial desde el año 2019 ha sido severamente golpeado en materia presupuestal. De haber tenido un presupuesto en 2018 de 95,677 millones de pesos, para 2019 ese monto se redujo a 82,994 millones, un recorte del 15%. Para 2023, el presupuesto aprobado bajó aún más, llegando a 80,646 millones.

Para solventar su operación en 2024 se solicitó a los diputados asignarle 84,792 millones, pero se ha anunciado que el bloque mayoritario pretende recortar hasta en 31% ese monto, lo que claramente es un riesgo enorme de dejar inoperante al sistema de justicia.

Impactos de un posible recorte

El presupuesto propuesto por el propio Poder Judicial representaba apenas un incremento del 4% en términos reales para 2024. Cabe decir que como en toda la administración pública hay áreas de mejora en el gasto. Desde COPARMEX nos manifestamos para que se haga un análisis profundo de rubros donde el Poder Judicial podría generar economías o reorientar el gasto de manera más eficiente como lo mandata el artículo 134 constitucional. Pero tenemos claro que una cosa es optimizar el gasto y otra -muy distinta- asfixiar a un Poder por cuestiones políticas o venganzas personales. Advertimos al menos 3 impactos severos:

1. Se abre la puerta al deterioro en la calidad de perfiles y a la impunidad: El recorte afectaría el ya de por sí complejo funcionamiento del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) que es la instancia encargada de sancionar a los impartidores de justicia que realizan mal su trabajo o cometen algún acto indebido. Pero también a la capacitación y profesionalización de los perfiles que laboran en el sistema de justicia.
2. Se pondría en riesgo la certidumbre jurídica de la elección en 2024: Otra instancia afectada sería el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en un momento clave de la historia del país. En 2024 se renovarán más de 20 mil puestos de elección popular; entre ellos, la Presidencia de la República, 9 gubernaturas, 128 senadores, 500 diputados, ayuntamientos y alcaldías en 30 entidades. Hoy el padrón de electores es el más grande del que se tenga registro: 98.6 millones de mexicanos.  Es evidente que el número de casos a resolver será enorme, por lo que no es deseable incrementar los riesgos políticos ni poner en juego la estabilidad social por incertidumbre en la elección.
3. Se ahuyentarán inversiones:  Según expertos, México tiene frente a sí la oportunidad de crecer hasta 10 puntos porcentuales adicionales del PIB en los próximos 5 años de aprovecharse el fenómeno de relocalización de empresas o Nearshoring. Pero eso solo será posible si se cumplen al menos 3 condiciones impostergables: Combatir la inseguridad, invertir en infraestructura y robustecer el Estado de Derecho. Claramente asfixiar al Poder Judicial es un contrasentido que mandaría una pésima señal al mundo y desalentaría la llegada de nuevas inversiones tan necesarias para crear los empleos que los jóvenes demandan.

El llamado de COPARMEX

Insistimos en nuestra exigencia de tener un #PresupuestoResponsable. Así como demandamos no más deuda, hoy lo decimos claro: ¡No a los recortes al Poder Judicial!

Hemos visto que ni la salud, ni la educación, ni la seguridad son prioridades para este gobierno. A esa lista no debe añadirse el acceso a la justicia para los mexicanos.

Apostar por recortar recursos y asfixiar al Poder Judicial es un paso más en el desmantelamiento de los pilares democráticos de México. Sí, debe haber mayor eficiencia en el gasto, deben evitarse gastos superfluos; sí, hay áreas de mejora en el presupuesto del Poder Judicial, pero eso no justifica pretender dejarlo inoperante.

Nuestro llamado es a los diputados de todos los partidos, está en sus manos pensar en el México que pretenden heredar a las generaciones futuras, está en sus manos actuar con sensatez y poniendo por delante los intereses y necesidades del pueblo. Si queremos que México y su economía crezcan necesitamos que los 3 poderes de la Unión se consoliden y robustezcan. Es mucho lo que está en juego, que no se olvide: No hay ni habrá “transformación” si no hay justicia.