- Se pronunciaron por mantener operante al Instituto que garantiza a la ciudadanía sus derechos humanos de acceso a la información y a la protección de datos personales.
- Aseguraron que el INAI ha cumplido su función constitucional y es una herramienta fundamental en el combate a la corrupción.
En el marco de la Quinta Cumbre Nacional de Gobierno Abierto, 14 organizaciones de la sociedad civil y del sector empresarial, reiteraron su exigencia al Senado de la República para que antes de que culmine el periodo de sesiones ordinario -30 de abril-, cumplan con su deber constitucional de nombrar las vacantes del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) para que vuelva a operar a plenitud y así esté en posibilidades de proteger los datos personales de las y los mexicanos y ordenar a diversas instituciones del Estado que entreguen la información que le niegan a la ciudadanía.
Líderes sociales y empresariales coincidieron en la importancia y logros acumulados del INAI, pues desde su creación en 2003 ha cumplido con su labor constitucional y se ha consolidado como una herramienta ciudadana de gran importancia en la protección de sus datos personales, el acceso a la información y en la lucha contra la opacidad, siendo ejemplo de ello la información que hizo posible hacer visible graves actos de corrupción como La Estafa Maestra, Ayotzinapa, Odebrecht, La Casa Blanca y Segalmex, entre otros.
Reiteraron el exhorto al Senado para que sin más demora nombre a los perfiles idóneos y con las más altas calificaciones para ocupar las vacantes del pleno del INAI y aclararon que son dos vacantes las que ya podrían nombrarse pues solo una de las tres vacantes, es la que requiere concluir su proceso de impugnación ante el Poder Judicial y con el nombramiento de sólo una vacante, se lograría el quórum que sacaría de su parálisis sustantiva al instituto.
Insistieron a las y los senadores en no ser omisos a las resoluciones que les ha dictado el Poder Judicial reiteradamente para que cumplan con su deber y les invitaron a reflexionar acerca de la grave impunidad que se refleja frente a la sociedad y el mundo por la deliberada parálisis de los nombramientos. Se instó al Senado a que también analicen las sanciones que podría tener México en el exterior ante incumplimiento de Tratados Internacionales al quedar en evidencia la intención política de desaparecer a un órgano autónomo garante de Derechos Humanos.
Se resaltó que el costo de operación del INAI no es excesivo y al contrario, desde 2018 sus gastos se han reducido en un 30 por ciento. Destacaron que el órgano autónomo le cuesta sólo 7 pesos a cada mexicano anualmente y representa únicamente el 0.1 por ciento del presupuesto federal. Reiteraron que aún cuando no es oneroso el INAI, debe entenderse ese monto de recursos no como un gasto público sino como una inversión prioritaria para transparentar el actuar público, la manera en la que se gastan los recursos de las y los mexicanos, además de ser el INAI el defensor gratuito de la ciudadanía cuando las empresas o el Estado violan sus datos personales.
Finalmente, también exhortaron al Poder Judicial a intervenir con determinación ante la impunidad con la que actúa el Senado al prevalecer a más de un año, la omisión de nombramientos. Solicitaron a la Jueza Decimoséptima en Materia Administrativa imponer ya sanciones a senadoras y senadores por el incumplimiento a su resolución y a la Ministra Loretta Ortiz, la exhortaron a atender con sentido de urgencia, la controversia constitucional promovida por el INAI y de la que ella es ministra ponente para que de esta forma se presente el asunto al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que sea nuestro máximo tribunal de justicia, el que ponga un alto a los daños ciudadanos señalados durante cada uno de los pronunciamientos de AMEXICOM, ANADE, BMA, COPARMEX, CPC Nacional, DLM México, ETHOS, ICC, ITAC del ITESM, México Evalúa, Observatorio Nacional Ciudadano, Red de Mujeres por la Transparencia, Transparencia Mexicana y el colectivo 50+1.
*Se adjuntan los pronunciamientos más relevantes de cada organización.
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL URGEN AL SENADO A NOMBRAR A LOS COMISIONADOS FALTANTES DEL INAI.
- Líderes sociales y empresariales coincidieron en la importancia de mantener operante al Instituto que garantiza el derecho de las y los mexicanos al acceso a la información y a la protección de sus datos personales.
- Desde su conformación en 2003 el INAI ha cumplido su función constitucional; además, es una herramienta fundamental en el combate a la corrupción.
Durante la Primera Jornada de la Quinta Cumbre Nacional de Gobierno Abierto, 14 organizaciones de la sociedad civil y del sector empresarial reiteraron su exigencia al Senado de la República para que de manera inmediata nombre a las vacantes del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) para que vuelva a operar a plenitud y así esté en posibilidades de proteger los derechos de las y los mexicanos.
José Medina Mora Icaza, Presidente Nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) destacó el papel fundamental que tiene el INAI en materia de rendición de cuentas y para garantizar el derecho de los mexicanos a saber. Sostuvo que es un grave problema internacional el que se evidencie la burda intencionalidad de dejar inoperante a un órgano autónomo.
“No podemos hablar de democracia, cuando vemos en la arena pública estas estrategias políticas para que desaparezca un órgano ciudadano que tanto trabajo nos ha costado construir desde y para la ciudadanía”, dijo.
Exhortó al Senado a que paren la omisión de su obligación constitucional para hacer los nombramientos y “demuestren, de cara a la sociedad, que no reciben instrucciones de uno de los Poderes de la Unión. Que su voluntad política para llegar a acuerdos, es en beneficio de la ciudadanía y el ejercicio de sus derechos humanos”.
En representación de la Asociación Mexicana de Integridad y Compliance, Néstor Aparicio destacó la importancia de que las instituciones que protegen a las personas con independencia y autonomía respecto del poder, funcionen para dar estabilidad al país, pues ello permite generar ambientes de negocios competitivos y éticos. Subrayó que desde el 2003 el INAI ha cumplido su labor constitucional.
“Más allá de lemas, más allá de discusiones en redes sociales, vale la pena pensar -ahora- si podemos bloquear una institución que funciona ¿qué pensamos, qué dice de México?, ¿qué información trasladamos al exterior?, porque si el INAI, con esos 7 pesos que nos cuesta a cada mexicano, sirve para generar una sociedad más ética, no podemos permitirnos el lujo de que no funcione”, enfatizó.
En su turno, José Ángel Santiago, Primer Vicepresidente de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE), destacó la relevancia de que los nombramientos para las vacantes de comisionados se realicen oportunamente. Si el INAI no puede operar por falta de nombramientos, los derechos fundamentales de acceso a la información pública y a la protección de datos personales no pueden estar garantizados. Por ello, omitir deliberadamente las acciones para su nombramiento es, en realidad, permitir que se violen derechos humanos.
Señaló que no es obstáculo a la imperiosa necesidad de acatar ese deber que el poder en turno estime sin sustento que este órgano no funciona o que el poder en turno pretenda, bajo argumentos ideológicos, privar de fuerza normativa a las reformas constitucionales que crearon el INAI. Lo anterior pues:
- Primero: La democracia no es un principio que se encuentre por encima del derecho. Sin derecho, la democracia no puede estar garantizada; esto es, sin derecho, el poder que corresponde a todos termina siendo el poder arbitrario de unos cuantos. De ahí que no puedan despreciarse los mandatos constitucionales bajo el argumento de que se es un poder democráticamente electo.
- Segundo: Si se pretende reestructurar una institución pública, es preciso reformar las normas que le sirven de sustento: en el caso del INAI, la Constitución. En otras palabras, en ausencia de tal modificación, las autoridades del Estado Mexicano no pueden incumplir la exigencia constitucional de designar comisionados.
- Y tercero: La Constitución original y sus reformas son un todo, esto es, una unidad que debe ser respetada integralmente. Por tanto, es totalmente inaceptable pretender distinguir entre texto constitucional digno de respeto y reformas a la Constitución que puedan pasarse por alto.
En conclusión, llamó al Senado para que, con visión de Estado, acate la medida cautelar formulada por una juez de distrito y realice los nombramientos. “Acatar una orden de suspensión no es una cuestión de voluntad política, sino un deber impuesto por el sistema de pesos y contrapesos, aspecto estructural del Estado Mexicano que permite controlar la arbitrariedad del poder público, ya sea que ésta se verifique por acción o por omisión, como en este caso”.
Por parte de la Barra Mexicana de Abogados, Carmen Quijano reiteró el llamado al Gobierno Federal para que cumpla con el mandato que le confió la ciudadanía en 2018 y respete los derechos humanos de todos sin polarización. Advirtió que en la era de la información “México no puede permitir que desaparezca el organismo que está encargado de protegernos en el ecosistema digital”.
Aseguró que no se puede ser “juez y parte” y urgió realizar la designación de los comisionados para que sean respetados los derechos humanos en los ámbitos público y privado.
De acuerdo con Jorge Alatorre, Presidente del Comité de Participación Ciudadana (CPC), la lucha contra la corrupción debe darse desde varios frentes y en todos, requiere de la información. Destacó que en el pleno del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), ninguna institución puede suplir la labor del INAI “para repeler la opacidad de quienes medran en la misma y suponen que dinero y decisiones públicas le son propias y exclusivas”.
Hizo un llamado firme a la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) para que se logren los consensos que permitan la integración plena y el funcionamiento del INAI.
En ese sentido, Vania Pérez, integrante del CPC Nacional agregó que “no tener funcionando a cabalidad el pleno del INAI, viola varios derechos, entre ellos el derecho a la participación ciudadana de los diferentes colectivos que en el 2015 creamos la Ley General de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales”.
Sostuvo que tener un INAI operante no sólo es necesario, sino urgente, pues con ello se garantiza el derecho a saber de la ciudadanía, además de la protección de sus datos y se hace posible transparentar los recursos que deberían servir para el desarrollo de la vida pública en México.
En el uso de la voz, Carlos Guerrero, presidente de Derechos Humanos y Litigio Estratégico Mexicano llamó a las organizaciones, ciudadanía y autoridades que han interpuesto medios de defensa, a impulsar los procedimientos necesarios para reclamar el cumplimiento de las resoluciones judiciales. Dijo también que, “a pesar de que la ciudadanía aún puede hacer solicitudes de acceso a información, no podrán tener un órgano independiente, como es el INAI, que resuelva las controversias ante la negativa por parte del Estado de otorgar información”.
“Es un llamado a estudiantes y ciudadanía en general, para promover juicios de amparo en donde efectivamente se haga valer la violación de derechos al acceso a la información pública y protección de datos personales”, concluyó.
De acuerdo con Liliana Alvarado, Directora General de Ethos Innovación en Políticas Públicas, la transparencia y el acceso a la información son herramientas indispensables para el combate a la corrupción; lucha que ha sido uno de los principales estandartes de la actual administración. Por ello, “impedir al INAI para hacer valer este derecho en su totalidad, va en contra del genuino interés de los mexicanos y mexicanas por combatir el fenómeno de la corrupción”.
Gracias a este derecho, que se ha convertido en una poderosa herramienta ciudadana, algunos de los principales casos de corrupción en este país han sido revelados, como el caso de Ayotzinapa, Odebrecht, la Estafa Maestra, la Casa Blanca, Segalmex, entre otros. En este sentido, esta conquista democrática de la ciudadanía no debe ser acotada y por ello “solicitamos al Senado, con carácter de urgente, priorizar los nombramientos de las y los comisionados”.
Daniela Ortega, Vicepresidenta de la Comisión de Compliance Managers de la International Chamber of Commerce México, sostuvo que la existencia de instituciones sólidas que garanticen el Estado de Derecho constituye uno de los pilares para hacer realidad la misión de la organización de impulsar una economía global abierta como motor para el desarrollo económico.
Dijo que la ICC México comparte la preocupación de la sociedad sobre los riesgos de inoperancia del INAI. Señaló que “para las empresas establecidas en México, es vital el fortalecimiento del INAI y el mantenimiento de una agenda sólida de transparencia, porque sin la fortaleza del Estado de Derecho, es imposible desarrollar un clima de negocios sano, fuerte y que brinde certeza jurídica” y añadió “México merece un gobierno abierto, colaborativo, responsable y transparente. Esto es fundamental para fortalecer el Estado de Derecho, acabar con la corrupción y poner freno a la impunidad”.
Eduardo Bohórquez, Director de Transparencia Mexicana dijo que el INAI es el gran nivelador de poder entre el Estado y el ciudadano “es el organismo que permite que los funcionarios públicos, los sujetos responsables de manejar la información pública, no tomen represalias, no sean vengativos, no dañen todavía más, la frágil capacidad y posibilidad de un ciudadano de enfrentarse al Estado”.
Por su parte, Mariana Cendejas, Investigadora Senior de la Iniciativa de Transparencia, Anticorrupción y Digitalización llamó respetuosamente a las y los senadores a cumplir su responsabilidad de nombrar a los comisionados en las plazas vacantes y puntualizó “el derecho a la información y a la protección de datos personales, son dos derechos fundamentales, cuyo ejercicio no se detiene ante la imposibilidad de que el pleno del INAI sesione”.
En su turno, Mariana Campos, coordinadora del programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa, dijo que a ocho años de que se urgía a las autoridades a aprobar la Ley General de Transparencia “vemos con preocupación que se quieran revertir estas garantías”.
Detalló que el presupuesto del INAI representa un 0.01 por ciento del presupuesto federal de México “en términos presupuestarios no hace ningún cambio, su presupuesto no afecta la estabilidad de las finanzas públicas y vale la pena hacer esta inversión para garantizar un derecho humano, el derecho a saber y el derecho a la participación. Además, desde 2018 se han reducido los gastos del INAI en 30 por ciento, es importante resaltarlo”.
En ese sentido, la coordinadora de la Red de Mujeres por la Transparencia, Bibiana Peralta sentenció que es urgente que se arrope al INAI por las atribuciones que tiene. Se pronunció por el cese a los ataques contra instituciones constitucionales autónomas que nacieron para contener los abusos o excesos de los Poderes de la Unión “su existencia no es una cuestión presupuestal, ni voluntaria, es un beneficio social que resulta mucho más barato que la corrupción que combate. Es urgente que se lleven a cabo estas designaciones”.
Lucero Saldaña, Presidenta Nacional de la Comisión Anticorrupción de 50+1 destacó su compromiso como colectivo de impulsar, apoyar y respaldar los trabajos de la transparencia y rendición de cuentas de anticorrupción y de género, de ahí que es importante que el Senado pueda dar cumplimiento, certeza, legalidad y continuidad al INAI “la rendición de cuentas -y por supuesto el enfoque de género- es relevante para que toda la sociedad pueda estar incluida en estas visiones”.
La Directora de Fortalecimiento de la Sociedad Civil del Observatorio Nacional Ciudadano, Miroslava Ortiz invitó a no olvidar que la creación del INAI es resultado de la lucha de la sociedad civil para lograr una apertura gubernamental efectiva y agregó que “la parálisis del instituto, en el que se encuentra y su intención de eliminación, implica un grave retroceso al ejercicio de nuestros derechos”.
Se sumó al llamado de las demás organizaciones para que el Senado de la República resuelva, en este periodo ordinario de sesiones, las designaciones pendientes “a partir de perfiles adecuados para el cumplimiento de su función y que no sienten las bases para sumergir a las instituciones en la opacidad”.
Para concluir las participaciones, Leonor Quiroz, Presidenta de la Comisión de Ética e Integridad de Coparmex reiteró el llamado al Senado para que no siga la mayoría legislativa deteniendo los nombramientos e hizo un llamado expreso al Poder Judicial para que frene con sus resoluciones, la burda impunidad ante el incumplimiento del Senado a sus obligaciones constitucionales:
- A la Jueza Decimoséptima de Distrito en Materia Administrativa la conminó a imponer con celeridad las medidas de sanción necesarias para obligar al Senado a que su resolución sea acatada, de lo contrario se abona a la impunidad ante la desobediencia reiterada a las resoluciones judiciales.
- A la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la exhortó a atender con sentido de urgencia la Acción de Inconstitucionalidad promovida por el INAI. En específico, exhortó a la Ministra Ponente Loretta Ortiz, a atender con prontitud el proyecto de resolución que debe presentarse al Pleno para que de este modo, el máximo tribunal judicial del país ponga un freno definitivo a la arbitrariedad e impunidad con la que está actuando el Senado de la República al paralizar deliberadamente el funcionamiento del INAI. Al mismo tiempo, hizo un llamado a la Presidenta de la SCJN para que coadyuve con la Ministra Ponente Loretta Ortiz, para apresurar la resolución que le devolverá a la ciudadanía su órgano garante de transparencia y protección de datos personales.
