Para crecer más

Autor: Gustavo A. De Hoyos Walther

 

Cuando iniciaba la actual administración federal y a través del mecanismo denominado “Pacto por México” se lograron importantes cambios en la infraestructura normativa del País, las autoridades gubernamentales estimaban que nuestra nación podría crecer a tasas anuales cercanas al 6.0% anual.

Desafortunadamente, y no obstante la innegable trascendencia de las llamadas reformas estructurales, el crecimiento de México ha sido magro a lo largo de todo el sexenio, apenas cercano al 2.1% del PIB cada año.

Son diversos los factores que han determinado que las expectativas no se hayan cumplido, y entre ellos se cuentan la fragilidad del Estado de Derecho, un estancamiento de la productividad sistémica y la falta de competitividad comparativa del País frente a competidores externos.

A su vez, cada uno de estos factores inhibidores del crecimiento se nutren de condiciones particulares. Sin embargo hay algunos elementos que concurren en todas ellas, y que de ser eliminados, atenuados o transformados, pueden detonar un círculo virtuoso de crecimiento y desarrollo. Uno de estos catalizadores es la regulación inteligente.

La economía de mercado requiere, ni duda cabe, de un conjunto complejo de normas que ordenen las relaciones económicas y jurídicas que se dan entre los residentes de un País, y particularmente, entre los agentes productivos. Pero esas normas en su conjunto llamadas entorno regulatorio, no deben de multiplicarse, hacerse demasiado complejas o ser tan discrecionales que en lugar de ordenar e inducir el desarrollo, se conviertan en un inhibidor del mismo.

En México el entorno regulatorio está conformado por un entramado de cerca de 138 mil leyes, reglamentos y normas diversas, generadoras a los largo de los años por los tres órdenes de gobierno. La multiplicidad, complejidad y ambigüedad de muchas de esas normas, gestado por una anarquía en su proceso de creación y alta obsolescencia, inciden en que el entorno regulatorio mexicano sea uno de los factores principales que inhiben el crecimiento y el desarrollo: la disfuncionalidad del Estado de Derecho, la falta de productividad sistémica y la pérdida de competitividad.

La sustitución completa de esta realidad no es una tarea sencilla, ni puede lograrse de forma inmediata. Sin embargo, hay una esperanza. Hace cerca de un año, el 6 de Febrero de 2017, entró en vigor una trascendente reforma a los artículos 25 y 73 de la Constitución General de la República que eleva a rango constitucional el mandato para que las autoridades implementen políticas públicas en la simplificación del entorno regulatorio.

Para hacer esto posible, la Constitución otorgó un plazo de 180 días al Congreso de la Unión para expedir la Ley General de Mejora Regulatoria, el cual precluyó el pasado 7 de Agosto. Como una paradoja y muestra contundente de la ineficacia del entorno normativo, la Ley no se expidió en tiempo. Más aun, el plazo transcurrió y la iniciativa de Ley nunca llegó.

Fue necesario esperar hasta el 12 de Diciembre pasado para que finalmente el Presidente de la República presentase la iniciativa, que al concluir el último periodo ordinario de sesiones, apenas iniciaba su análisis en la Comisión de Economía, de la Cámara de Diputados.

Ahora que recién se ha cumplido un año de la entrada en vigor de dicha reforma Constitucional, que establece como política de estado la mejoras regulatoria y la simplificación, los legisladores están llamados a procesar con celeridad y sin perjuicio de su revisión y necesario enriquecimiento, la iniciativa de Ley General de Mejora Regulatoria.

No hay tiempo que perder. El País requiere una regulación inteligente, que promueva, no que inhiba la inversión. México necesita crecer más, en todas las regiones del País y en sectores de mayor valor agregado. Solo así podrán generarse más oportunidades. Un desarrollo incluyente que llegue a cada rincón y a todos los habitantes del País.

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