¿Por qué proscribir y no reformar la reforma educativa?

Artículo de opinión de Xóchitl Lagarda Burton

Twitter @XLagarda 

La educación nos convierte en los seres humanos que somos. Tiene importantes repercusiones en el desarrollo económico, la equidad social y la equidad de género. De muchas maneras, nuestras vidas se transforman por la educación y la seguridad. Incluso si no tuviera un ápice de efecto [sobre] la seguridad, seguiría siendo, a mi juicio, la mayor prioridad en el mundo

Amartya Sen

Poner la agenda educativa al centro es una prioridad para la definición del proyecto de nación así como indispensable para la transformación de ésta. El pasado 12 de diciembre fue presentada una iniciativa que plantea reformas a los artículos 3º, 31 y 73 constitucionales.

En el discurso del acto de presentación de la nueva reforma educativa se señalaron los principales aspectos que la justifican y conceptualizan, entre ellos la consideración de que por primera vez se instituya en el artículo 3º de la Constitución Federal la figura del interés supremo de la educación para los niños y los jóvenes, concepto que jamás se cuestionaría, como tampoco que el gobierno pretenda poner especial énfasis y atención prioritaria a las escuelas normales y a las instituciones de educación superior encargadas de la formación del personal docente a lo largo del país. Sin lugar a dudas constituye un avance la idea de integrar una visión regional de la educación, que promueve contenidos diferenciados para las distintas regiones de México; es plausible el carácter incluyente de la propuesta, apoyar a los estudiantes en condiciones de desventaja, y es un acierto introducir materias como el civismo, los valores, la cultura, el arte, la música, el deporte y el respaldo al medio ambiente.  Nadie jamás va a discutir que para los niños y jóvenes de México la educación de calidad con equidad no es un privilegio sino un derecho en todos los niveles escolares.

Sin embargo, lo anterior no es compatible con el discurso paralelo que plantea, entre otros temas, la eliminación o abrogación de la Ley General del Servicio Profesional Docente, que parece responder a las demandas de profesores que dejaron sin clases a miles de niños y jóvenes en los estados de mayor rezago, así como la desaparición o proscripción del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), el único órgano autónomo e independiente que evalúa no sólo a los maestros sino al sistema educativo en su conjunto.

¿Por qué desaparecer y no reformar? ¿Por qué sustituir y no adecuar? ¿Acaso el INEE no cuenta con un consejo consultivo conformado por docentes distinguidos, madres y padres de familia, representantes de la sociedad civil, investigadores y expertos? ¿Por qué colocar al nuevo Centro para la Revalorización del Magisterio como una primicia cuando el INEE, por definición, constituye un auténtico contrapeso, característica esencial de las democracias modernas? ¿Por qué regresar a la antigua práctica de carrera magisterial, donde el maestro que asciende en su profesión, el que gana mejor es el que acredita cuantitativa y no cualitativamente su “capacitación” y no el que demuestra que es el mejor y se gana el derecho de estar frente al aula a través de los resultados de su evaluación?

¿Por qué damos por hecho que todo es un hecho consumado, cuando la propuesta del pasado 12 de diciembre hasta el momento es apenas una iniciativa? ¿Por qué mejor no nos preparamos para el gran debate que iniciará en febrero de 2019 en la Cámara de Diputados y hacemos la parte que nos corresponde, ya que la educación es tarea de todos?

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