DESCARGAS
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El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) es el documento de política económica de mayor complejidad en su proceso de gestación.
Es producto de un proceso de debate y negociación en el que las fuerzas políticas establecen las prioridades de la acción gubernamental y asignan recursos públicos en cada rubro para su ejecución.
Dicho presupuesto debe ser equilibrado con los ingresos proyectados, para lograr el equilibrio de las finanzas públicas.
Sin embargo, cada ejercicio el Gobierno Federal desatiende y se aparta de lo autorizado en el PEF y existen fuertes discrepancias entre el gasto aprobado y el gasto ejercido.
Diferentes organismos de la sociedad civil han estudiado estas inconsistencias.
Según el más reciente análisis elaborado por México Evalúa referente al Ramo 23, estas diferencias son posibles debido a la flexibilidad normativa de este rubro de gasto que, según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, contiene “obligaciones y responsabilidades del gobierno federal que, por su naturaleza, no es posible preever en otros ramos administrativos o generales”[1].
Al permitir “adecuaciones presupuestarias” para cumplir los objetivos de los programas, el Ramo 23 se ha convertido en un espacio creciente de discrecionalidad en el gasto público, generando graves distorsiones:
- Se utiliza en un instrumento de control político del gobierno federal sobre los gobiernos estatales.
- Permite el ejercicio presupuestal con inspiración político-electoral.
- Erosiona el equilibrio en las finanzas públicas porque permite endeudamientos inoperantes para los gobiernos federal y locales.
El gasto que se ejerce mediante el Ramo 23 es muy cuantioso y creciente. En 2017, tuvo un incremento seis veces mayor que el incremento del gasto en educación.
En lo que va de la presente administración, cerca de 318 mil millones de pesos, un equivalente al 30% de los nuevos ingresos, derivados de la reforma hacendaria, se han transferido discrecionalmente a solo tres programas del Ramo 23.
El análisis de México Evalúa evidencia que este gasto tiene un sesgo electoral y partidista, y en un fenómeno que no es exclusivo de los gobiernos de una extracción partidista en particular, presente en las dos últimas administraciones federales.
Un año antes de los procesos electorales para la Presidencia de la República, (2011 y 2017, respectivamente), las transferencias en subsidios se concentran en las entidades con gobiernos estatales que comparten filiación partidista con el gobierno federal en turno.
Es decir, el uso discrecional del gasto no sólo implica un gasto ineficiente del presupuesto, sino que pareciera tener motivaciones de índole política electoral.
Existen otros indicadores que nos obligan a exigir soluciones para frenar esta dinámica. En 2018, el costo financiero del sector público presupuestario alcanzará su máximo histórico, creciendo 25% en sólo un año, y con un incremento del 82% respecto al año 2012 en que inició su mandato el actual gobierno.
En contrapartida, el gasto del gobierno en inversión fija va en franco declive, manteniéndose en un nivel históricamente bajo, como participación en el gasto en bienes y servicios públicos.
Por otro lado, la discrecionalidad en el gasto viene acompañada de un incremento en la deuda pública. DATA Coparmex da seguimiento a indicadores que reflejan qué tan responsables es la deuda pública estatal.
Al día de hoy, sabemos que menos de la mitad de los estados cuentan con un endeudamiento sostenible.
Con el indicador #deudasinsentido se ha detectado que entidades como Quintana Roo, Chihuahua o Coahuila, por ejemplo, tienen deudas estatales per cápita, que rondan los diez mil pesos por habitante, monto que representa hasta veinte veces más que la deuda de los estados menos endeudados, como Querétaro o Guerrero.
Existen varias y diversas medidas que pueden contribuir a ordenar, limitar y transparentar este gasto.
Primero: debe contemplarse la regulación secundaria del Ramo 23 para definir claramente cómo y a quién se otorgarán los recursos.
Con esta medida podrían establecerse reglas claras de operación, además de condicionamientos generales a los gobiernos estatales para acceder a estos recursos, en aspectos como responsabilidad fiscal, planeación de los proyectos y eficiencia operativa.
Segundo: Fortalecer el profesionalismo y desvinculación partidista, de los servidores púbicos vinculados al diseño e implementación del gasto público.
Tercero: Regular con mayor contundencia el destino de los los ingresos excedentes y las reasignaciones presupuestales.
Por un lado debe dotarse al Congreso de capacidad y facultades técnicas para cuestionar a la SHCP. Al día de hoy, si bien puede revisar y debatir, no tiene esta posibilidad.
Cuarto: Conformar un Consejo Fiscal Independiente.
El CFI opera en casi 50 países con un mandato claro para reducir el déficit público y mantener vigente las política presupuestal del Estado.
Quinto: Conformación de un Catálogo Nacional de Programas Sociales, un Padrón Universal de Beneficiarios y la Clave Única de Identidad.
La implementación de estas medidas, contribuirán a evitar redundancias, ineficiencias y corrupción en los programas sociales.
Estimados amigos:
Es tiempo de que se respete íntegramente la legislación en materia presupuestaria y de finanzas públicas.
Una regulación inteligente del Ramo 23 debe ser una prioridad.
Lograr la máxima transparencia, pertinencia e incidencia social del gasto público, es un reto impostergable para México.
Muchas gracias
[1] http://www.hacienda.gob.mx/EGRESOS/PEF/ppef/ppef_09/temas/expo_motivos/23rg.pdf
