
Artículo de opinión escrito por nuestro Presidente Nacional Juan José Sierra Álvarez |Vía: @Excelsior
Mañana participaré en los foros de la STPS sobre la reducción de la jornada laboral, donde compartiré la voz de Coparmex junto al gobernador Mauricio Kuri, Napoleón Gómez Urrutia, Luis Monroy y Alexandra Haas. Estoy convencido de que este cambio no sólo es legítimo, sino necesario, siempre y cuando lo articulemos con gradualidad, criterio técnico y sentido de futuro.
La realidad mexicana lo exige. Según la ENOE, al primer trimestre de 2025, 13.4 millones de trabajadores formales laboran más de 40 horas semanales. En sectores como turismo, comercio y construcción, esa cifra crece. En las MiPyMEs —que generan 65% del empleo formal—, más de 7.3 millones de personas exceden ese umbral. Si reducimos de inmediato y de forma uniforme la jornada, corremos el riesgo de dañar la continuidad operativa y de empujar a cientos de miles a la informalidad o al desempleo.
La experiencia internacional avala una ruta paulatina. En Chile, la transición de 45 a 40 horas se desplegó en cinco años, con modelos flexibles y políticas de productividad. La recomendación 116 de la OIT respalda ese enfoque: reducción gradual, acompañamiento a sectores vulnerables y equilibrio entre bienestar y economía. Experiencias en Francia apuntan en la misma dirección: esquemas negociados, inversión en capacitación y medición de resultados antes de extender el cambio a todas las industrias.
Para que México se desarrolle con paso firme, se debe aplicar la reducción de jornada por sectores. Iniciemos en aquellos con mayor preparación técnica y capacidad de innovación, con evaluaciones periódicas de su impacto en empleo, precios y productividad. Sectores críticos —minería, logística, salud— requieren regímenes especiales, donde la continuidad es estructural. Las jornadas quincenales o los horarios estacionales pueden adaptarse mejor a sus necesidades.
Este proceso debe sustentarse en diálogo social vinculante. Trabajadores y empleadores deben definir límites ordinarios y extraordinarios de jornada, identificando excepciones necesarias. Asimismo, la reforma debe enlazarse con la Ley de Trata de Personas, para garantizar que la figura de jornada reducida no sea malinterpretada como explotación laboral.
Además, es necesario que existan medidas complementarias para mantener el ingreso neto de los trabajadores y la viabilidad empresarial: deducibilidad total de prestaciones laborales, ajustes en el ISR y subsidio al empleo. Estas acciones mitigarán el costo laboral y protegerán al sector formal ante la transición.
Coparmex ha impulsado un Modelo de Desarrollo Inclusivo que pone a los trabajadores en el centro. Hemos respaldado reformas que elevaron el salario mínimo en más de 100% desde 2016, promovimos una reforma pensionaria con mayor aportación patronal, ampliamos los días de vacaciones y regulamos la subcontratación para combatir abusos. Cada uno de esos logros se cimentó en negociación tripartita, evidencia técnica y visión de largo plazo.
Hoy, la reducción de jornada laboral debe implementarse con la misma metodología: objetivos de trabajo claros, indicadores de evaluación y acompañamiento técnico. Tenemos la oportunidad de mejorar el bienestar de los mexicanos, equilibrando vida y trabajo, sin hipotecar la competitividad de nuestras empresas.
No podemos permitir que un cambio tan socialmente valioso se convierta en un detonante de desempleo o quiebras. Sólo con gradualidad, diálogo y criterios técnicos aseguraremos un México donde el tiempo laboral y la calidad de vida vayan de la mano.
México merece un modelo de jornada laboral que fortalezca el empleo formal y promueva la productividad. La clave está en actuar con responsabilidad: reducir la jornada sí, pero sin riesgos.