Artículo de opinión escrito por José Medina Mora, Presidente Nacional de Coparmex | Vía Excélsior
Twitter: @JoseMedinaMora
El futuro de la democracia mexicana está en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Ahora que el plan B en materia electoral se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación, ha iniciado su implementación y, con ello, sus efectos en la estructura y operación del INE, así como en nuestro sistema electoral y democrático.
El paso posterior es que la Suprema Corte analice a fondo el contenido de las reformas que contiene el plan B y que, de encontrarlo inconstitucional, suspendan su implementación.
La Suprema Corte es el máximo tribunal constitucional y una institución fundamental para preservar el Estado de derecho en nuestro país, al garantizar el respeto y cumplimiento de la Constitución en todos los órdenes de gobierno y normativas que ahí se desarrollen.
Al aprobarse en el Poder Legislativo, esta reforma en materia electoral que se presume inconstitucional al invadir atribuciones de instituciones como el INE, órdenes de gobierno municipales y estatales, así como contravenir derechos y que ha sido impulsada por el Poder Ejecutivo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como máxima instancia del Poder Judicial, tiene la responsabilidad de fungir como contrapeso institucional y evitar cualquier legislación que vaya en contra de nuestra Carta Magna.
En este sentido, es positivo que, primero, uno de los ministros haya suspendido la aplicación de las reformas contenidas en la primera parte del plan B: Ley General de Responsabilidades Administrativas y Ley General de Comunicación, en los estados de Coahuila y el Estado de México, donde hay elecciones en este 2023 y su proceso electoral ya empezó. Entre los argumentos del ministro está el que, de no concederse la suspensión, podrían causarse afectaciones irreparables al sistema democrático y a los derechos fundamentales implicados en éste. Al respecto, el Ejecutivo federal impugnó dicha resolución y la Corte lo está revisando.
Asimismo, en los últimos días, la Corte ha admitido 30 controversias constitucionales interpuestas por municipios para impugnar las reformas a las leyes previamente mencionadas, que se suman a las 125 controversias y siete acciones de inconstitucionalidad que han sido presentadas por diversos entes gubernamentales, entre ellos, alrededor de 15 estados.
Hoy, la Corte goza de legitimidad y confianza ciudadana y ha sido una institución clave para que en México se tenga certeza jurídica y apego a los principios constitucionales.
En la Coparmex consideramos que el plan B implica un retroceso para la democracia mexicana que durante décadas ha construido instituciones y ha alcanzado la garantía de los derechos de los mexicanos, así como elecciones legítimas y confiables.
A las ministras y ministros de la Corte les pedimos considerar que su decisión es clave para el futuro de nuestro México democrático. Confiamos en que decidirán de manera autónoma y ejercerán su función de contrapeso en defensa de la Constitución y los derechos.
Por un México con Estado de derecho, equilibrio entre poderes, un sistema electoral cada vez más sólido y una democracia sin retrocesos.
¡Unidos, seguimos defendiendo al INE y nuestra democracia! #OpiniónCoparmex
