Estimados amigos,
La violencia y el crimen han llegado a niveles nunca antes vistos.
Tan solo el mes pasado hubo un promedio de 90 asesinatos diarios, 25% más que en el año pasado.
El robo de combustible creció 34% durante marzo del 2018, el mayor nivel desde que se tiene registro de este delito.
En el primer trimestre del año ocurrieron 852 atracos en trenes y vías, un incremento del 581%. El robo de mercancías se ha detonado. De enero a marzo del 2018 se registraron 3,357 robos de este tipo, 108% más que en 2016 y 65% más que en el 2017.
La inseguridad está dejando un severo daño económico, un impacto sobre la capacidad de nuestro país de atraer inversión, generar empleo y desarrollar un círculo virtuoso de pacificación a partir de la generación de riqueza.
La urgencia de la situación es evidente. Hay una necesidad imperante de que las autoridades no posterguen las reformas que el país necesita para vivir en paz.
No es momento de esperar a que termine la contienda electoral, ni mucho menos de que tome posesión un nuevo gobierno en 2019. Es momento de actuar de inmediato.
En Coparmex estamos convencidos de que el gobierno en turno tiene que trabajar hasta el último día de su administración por atender, revertir y solucionar este gravísimo problema.
Es importante observar que en la violencia es realidad en muchas áreas de desarrollo de nuestro país. Tenemos indicadores claros que nos permiten señalar una situación crítica.
La violencia no es privativa de los grupos de delincuencia organizada, sino que trastoca dinámicas democráticas y económicas. La violencia en contra de periodistas, por ejemplo. En lo que va del año, cinco periodistas han sido asesinados. La misma ONU ha prendido las alertas sobre esta situación: México ya es el segundo país más peligroso para ejercer el periodismo en el mundo. La violencia que experimentan nuestros periodistas sólo es comparable con la de Afganistán, un país que lleva más de 30 años en guerra.
Este nivel de violencia es impulsado por los altos niveles de impunidad. El Índice Global de Impunidad ubica a México en el lugar 66 de 69 países evaluados, un retroceso de 11% con respecto al año 2017.
El número de mexicanos que consideran la impunidad como el problema más preocupante casi se ha triplicado en los últimos 5 años, aumentando del 7% en 2012 a 20% en 2017.
Para Coparmex es imprescindible que el gobierno actúe para superar el panorama desolador que atraviesa el país.
Los cambios institucionales para combatir la inseguridad no pueden esperar al 2019.
Desde esta convicción hacemos un llamado para que la presente administración dé inicio a la reforma en seguridad pública, lo más pronto posible. Esta transformación no puede esperar a ser implementada por un nuevo gobierno.
Los mexicanos necesitamos que los cambios empiecen ya.
La transformación de las instituciones de seguridad pública requiere del mejoramiento del proceso de justicia en todas sus etapas, desde la prevención del delito hasta el sistema de sanción y castigo.
Gracias al esfuerzo de las organizaciones civiles y reportes internacionales como los de la OCDE, existe consenso sobre las medidas que se deben tomar para lograr instituciones de seguridad y de justicia más confiables y con mayor coordinación.
Estas medidas deben considerar que la reducción sostenible del crimen no se logrará con el despliegue de fuerza, sino con diseñar estrategias que atiendan, mejoren y ordenen al sistema de justicia en su totalidad, desde la prevención, pasando por la profesionalización de las policías, la procuración de justicia, el sistema penitenciario y, por supuesto, el cambio institucional y legislativo.
El primero de los elementes que debe atenderse es dar mayor peso a las políticas de prevención del delito, invirtiendo en la formación de ciudadanos y autoridades con valores, pero también en estrategias de fortalecimiento comunitario, artístico y educativo de las zonas con propensión a la violencia.
Se debe rediseñar una estrategia con política pública sustentada en evidencia y dándole un papel primordial a la tecnología. El avance tecnológico obliga a que nuestros planes de seguridad saquen provecho de estas nuevas herramientas no sólo para prevenir de manera más eficiente los delitos comunes, sino también para no quedarse rezagados en el tema de los crímenes cibernéticos.
Se requiere inversión pública urgente para mejorar las capacidades del sistema de justicia en su totalidad, no solo en términos de equipamiento para desarrollar inteligencia en los tres niveles de gobierno, sino para proteger a testigos y capacitar abogados para ser efectivos en el sistema oral.
Por otro lado, es urgente profesionalizar y dignificar los cuerpos policiales del país. La calidad de las más de 2,800 policías que existen alrededor de la República mexicana varía enormemente de estado a estado y de municipio a municipio. Al momento, 6 de cada 10 policías no cuentan con el entrenamiento o equipo necesario para poder realizar sus labores. En ciertos estados, como ha mostrado Causa en Común, los policías tienen que comprar sus propias botas.
Para lograr que la calidad de las policías sea homogénea en todo el país se deben poner estándares aplicables a todos los estados y municipios.
Debe establecerse un solo modelo policial con procesos homologados así como protocolos de operación estandarizados y regímenes estrictos de disciplina para todos los cuerpos policiales de todo el país.
Otro paso que hay que tomar para avanzar en esta dirección se encuentra en el proceso de selección y formación de nuevos aspirantes, fortaleciendo los filtros toxicológicos y médicos como criterio es una acción necesaria para mejorar el proceso de selección.
Para ello es necesario consolidar la calidad de las academias de policía estatales. Se debe crear una Academia Nacional de Policía encargada a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para asegurarse de que cumplan con los requisitos de formación y equipamiento necesarios.
Por último, hace falta incrementar el número de policías en los distintos estados. El estado de la fuerza es completamente disímil en todo el país: mientras que la Ciudad de México cuenta con 109 policías por cada diez mil habitantes, en Tamaulipas sólo existen diecisiete. Este punto es esencial: un estado con un número insuficiente de policías no podrá garantizar la seguridad pública.
El tercer punto en el que se debe mejorar es la procuración de justicia. Los índices de impunidad que existen en el país son intolerables: sólo 4 de cada 100 denuncias de delitos resultan en una sentencia.
Este escenario se vuelve aún más alarmante si tomamos en cuenta que el 93% de los delitos no se denuncian. Esta cifra es señal de la poca confianza que tiene la población en las instituciones judiciales del país. Según la OCDE, sólo el 32% de los mexicanos confía en su sistema judicial.
Para resolver esta situación es urgente consolidar una #FiscalíaQueSirva, como hemos insistido en numerosas ocasiones.
Sin una Fiscalía autónoma que genere confianza entre la población, que sea capaz de investigar y procesar los delitos, no habrá manera de reducir los niveles de impunidad.
Por ello es impostergable, la reforma al artículo 102 de la Constitución, tal y como se ha venido impulsando por muchas organizaciones de la sociedad civil.
Así mismo, se debe profesionalizar a los ministerios públicos creando un sistema de ascensos y contrataciones basadas en mérito que asegure salarios dignos y protección a las personas encargadas de procurar justicia.
Hoy en día los mejores abogados trabajan en la práctica privada. La meta debe ser, que tal y como ocurre en muchos lugares del mundo, algunos de los mejores juristas, optan por trabajar en la procuración de justicia pública.
Hace falta mejorar y actualizar las leyes penales. Se debe modificar la legislación penal sustantiva y procesal, para que se puedan corregir los errores de tipología penal y que la prisión preventiva se pueda convertir en un mecanismo eficaz para combatir la reincidencia.
Es impostergable la adopción de un Código Penal Único que aplique a todo el territorio nacional que estandarice los supuestos delictivos y las sanciones, para que las mismas conductas sean castigados de de manera uniforme en los diferentes estados.
Ninguna mejora a la procuración de justicia quedará terminada si no se tiene una urgente mejoría que necesita el sistema penitenciario mexicano.
No sólo se lidia con territorios en donde se perpetúa la violencia y el abuso, sino que existen graves problemas de eficiencia en el uso de los recursos. Por ejemplo, se observan operaciones irregulares como el suministro de comida y la ejecución de obras con precios excesivos, superiores a los del valor de mercado, lo que sugiere prácticas de corrupción en el sistema penitenciario.
Necesitamos una renovación para contar con prisiones menos costosas y más eficientes y, sobre todo, que cumplan su tarea de castigar y reinsertar, con apego estricto a los derechos humanos y a las mejores prácticas.
Es necesario una reconfiguración de las instituciones de seguridad pública federal.
Se debe crear la Secretaría de Seguridad Pública (con este nombre u otro diverso), que tenga como mandato único, el cumplimiento de esta responsabilidad esencial del Estado Mexicano.
Este punto forma parte de las demandas del #ManifiestoMx, y que ha sido respaldada por todos los candidatos presidenciales.
De igual manera, es indispensable mejorar los alcances del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cuya operación ha sido limitada y sus resultados limitados, para lograr una coordinación efectiva en todos los ámbitos de la seguridad.
Es necesario además, realizar una reforma a la Ley General de Seguridad Pública, que permita una mejor coordinación entre los tres órdenes de gobierno en materia de seguridad pública, a la par que se apresure la aprobación de la Ley General de Seguridad Privada.
La propuesta de modificaciones a la Ley General de Seguridad Pública que impulsamos en la Coparmex tiene como objetivo definir las atribuciones y delinear la concurrencia que hay entre la policía federal, estatal y municipal, así como de los servicios privados y auxiliares de seguridad.
Estimados amigos,
La pacificación del país no puede esperar más.
Debemos hacer todo lo posible para revertir la situación de inseguridad cuanto antes.
Los cambios propuestos ayudarán a encaminar al país a una realidad más pacífica y más justa.
Hacemos un llamado a los poderes Ejecutivo y Legislativo Federal a hacer todo lo posible para que estas modificaciones se realicen antes de que concluya la presente administración.
Si algunas de ellas no son concluidas, al menos debe pavimentarse el camino para que la siguiente administración pueda retomarlas e implementarlas con habilidad.
El crimen no opera conforme a los ciclos políticos y por ello nuestras autoridades no deben hacerlo tampoco.
La elección no es una excusa para dejar la gobernabilidad como una segunda prioridad en la agenda.
Exigimos, que tal como lo comprometió el Jefe del Ejecutivo, que este gobierno tenga un cierre de atleta al fin del sexenio.
Ya llegó el tiempo de acelerar la marcha.
De ello dependen la estabilidad de nuestra economía y la seguridad de nuestras familias.
En la carrera de la seguridad, si pierde el gobierno, perdemos todos.
El tiempo se le acaba a este gobierno, y la paciencia a los ciudadanos.
No podemos seguir esperando. Es la última llamada.
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