Columna escrita por Lorena Jiménez Salcedo, presidente de Coparmex Querétaro.
En los últimos días hemos tenido señales a nivel país que han aumentado la incertidumbre a nivel empresarial; refiero las dos más relevantes: uno, la votación del Congreso de Baja California para aumentar el período del gobernador electo Jaime Bonilla y dos, la salida de Carlos Urzúa como Secretario de Hacienda Federal.
El caso de Baja California es muy relevante pues el gobernador entrante, Jaime Bonilla (Morena) considera dicho fallo una corrección importante que respeta sus derechos políticos a gobernar por el período que le corresponde contra lo establecido previamente a las elecciones por el Poder Judicial de la Federación y los partidos de ajustar dicho período a dos años.
El caso ha querido ser comparado con los sucedido en Guanajuato en 1991 cuando el congreso local, de mayoría priísta, amplió en repetidas ocasiones el mandato del entonces gobernador interino panista Carlos Medina Plascencia a la espera de la reposición de la elección que había sido impugnada. Nada más distinto, pues la situación de Guanajuato obedecía a los tiempos requeridos para la reposición de un proceso electoral que se había comprobado como fraudulento y que requería la discusión y validación de candados electorales que le dieran validez y certidumbre a dicho nuevo proceso en un escenario donde los partidos simplemente no se podían poner de acuerdo.
Más allá de discutir antecedentes de ampliaciones de períodos de gobierno, la señal de Baja California es preocupante pues refleja que el legislativo, cualquiera que este sea, puede modificar la constitución para ampliar a modo los periodos de gobierno, pasando por encima de las instituciones electorales y de los mismos votantes. La señal reflejada por dicha determinación contraviene el espíritu democrático, pues nunca los derechos políticos de uno deben estar por encima de los derechos políticos de todos.
Por otro lado, la salida del secretario Urzúa del gabinete del presidente López Obrador también ha sido una señal que los mercados han acogido con nerviosismo y que se vio reflejado más pronto que tarde en el tipo de cambio. Al ex secretario de Hacienda le costó al menos los primeros 6 meses de gobierno poder mandar señales claras de su compromiso con la disciplina fiscal y con el cuidado del gasto público y este será al menos el mismo período de incertidumbre que surgirá con la llegada de Arturo Herrera como nuevo secretario. Pero más allá de ello está una señal de fondo que mucho preocupa, pues parece ser que Herrera es al presidente lo mismo que fue en su oportunidad Virgilio Andrade para el expresidente Peña Nieto, una figura que no sabe decirle que no y que difícilmente podrá imponer posiciones contrarias a dicha voluntad.
La señal es tan relevante que recuerda la presidencia de José López Portillo, quien decidió manejar le economía y las finanzas nacionales desde los Pinos, borrando durante su administración la independencia técnica de la SHCP y de Banxico y generando un desorden en el gasto público que haría que la deuda pública como porcentaje del PIB se triplicara.
Ambas señales afectan la confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros pues replican decisiones equivocadas del pasado que afectaron de manera relevante el bienestar y la paz de muchos mexicanos.
