
Artículo de Opinión escrito por: Lydia Nava Vásquez | Vicepresidenta Nacional de Desarrollo Inclusivo en COPARMEX | Vía: @Excelsior X: @MichLydiaNV
Hay decisiones públicas que trascienden el momento político en el que se toman. Decisiones que no sólo impactan una coyuntura, sino que moldean el entorno en el que millones de personas trabajan, emprenden y construyen su futuro. La discusión actual sobre la reforma electoral —y particularmente sobre el llamado Plan B— es una de ellas.
México no está hoy frente a un debate técnico aislado. Está frente a una definición de rumbo. Y, en ese contexto, es necesario decirlo con claridad: la mejor reforma electoral es que no haya una reforma electoral.
No se trata de una postura inmóvil ni de una negativa al cambio. Se trata de entender el momento. Hoy, miles de familias enfrentan un entorno marcado por la incertidumbre. En distintas regiones del país, la seguridad sigue siendo un desafío cotidiano. Las empresas, especialmente las micro, pequeñas y medianas, toman decisiones en un escenario donde la confianza es cada vez más valiosa y más frágil.
Modificar las reglas del sistema democrático en medio de este contexto no abona a la estabilidad, la pone en riesgo.
La estabilidad no es un concepto abstracto. Es la diferencia entre decidir invertir o esperar. Entre abrir un negocio o posponerlo. Entre generar empleo o resistir con lo que se tiene. Por eso, cuando se plantea modificar las reglas que organizan la vida democrática sin un acuerdo amplio, lo que se genera no es evolución institucional, sino incertidumbre.
Y en un país que enfrenta retos urgentes (desde la seguridad hasta el crecimiento económico), introducir nuevas fuentes de duda desvía la atención de lo verdaderamente importante.
México ha construido, durante décadas, un entramado institucional que ha permitido alternancia, pluralidad y competencia. No es un sistema perfecto, pero ha sido funcional. Y, sobre todo, ha sido producto de la participación de la ciudadanía, de acuerdos construidos con esfuerzo y de una visión compartida de país. Ese equilibrio es el que hoy debe resguardarse.
Porque las reglas democráticas no son abstractas. Tienen un impacto directo en la vida de las personas. Cuando se debilitan las instituciones, se debilitan también las condiciones para que una mujer emprenda, para que un joven acceda a su primer empleo, para que una familia tenga estabilidad.
El rechazo legislativo reciente a la reforma constitucional en materia electoral dejó la señal de que no existen las condiciones de consenso para modificar las bases que rigen nuestro sistema democrático. Insistir en cambios, ahora desde otras vías, no resuelve esa falta de acuerdo; la profundiza.
Por eso llamo a las y los senadores de la República a actuar con responsabilidad histórica. A reconocer que hay momentos para transformar y momentos para preservar. Éste es un momento para cuidar lo que sí ha funcionado.
Porque cuando se debilita la certeza, quienes más lo resienten no son los actores políticos, sino las personas. Las que trabajan, las que emprenden, las que sostienen todos los días la economía real de este país.
México necesita estabilidad. Necesita instituciones fuertes. Necesita reglas claras.
Y hoy, más que nunca, necesita decisiones que estén a la altura de ese reto.



