
Artículo escrito por Oscar Moreno, Presidente del Comité de Federaciones de COPARMEX | Vía: @SinEmbargoMX
La economía mexicana presenta una desaceleración en 2026. El Banco Mundial prevé un crecimiento de apenas 1.3 por ciento del PIB para el país. Desde inicios de este año se ha acumulado debilidad: el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) de febrero mostró un crecimiento mensual de apenas 0.1 por ciento y una caída anual real de 0.3 por ciento, lo que sugiere que la economía se encuentra cerca de una posible recesión.
El primer trimestre se encamina a registrar su primera contracción trimestral desde finales de 2024. Además, el Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) anticipa una variación prácticamente nula, e incluso un crecimiento inferior al observado en 2025.
Ante este contexto, el Modelo de Desarrollo Inclusivo (MDI), impulsado por COPARMEX, se presenta como una ruta para retomar el crecimiento económico con justicia social. A través de sus más de 36 mil empresas afiliadas y los millones de trabajadores que representan, se promueve el desarrollo de las MiPyMEs. Asimismo, con la conformación del Consejo Social, Económico y Ambiental (CONSEA), resultado del acuerdo entre sindicatos y el sector empresarial, se abre la oportunidad de fortalecer la productividad y la competitividad del país desde una visión compartida de futuro.
Este esfuerzo conjunto también permite avanzar en temas estratégicos como la revisión del T-MEC, la atención a los retos en materia de seguridad y la creación de Consejos Estatales que repliquen este modelo de colaboración. El objetivo es claro: impulsar más y mejores empresas, con trabajadores que cuenten con mayores oportunidades de desarrollo, acceso a servicios de salud de calidad y condiciones de seguridad para ellos y sus familias.
No existe mejor política social que la generación de empleo formal. Hoy, gracias a los avances en responsabilidad social, miles de empresas han entendido que para trascender deben comprometerse con sus colaboradores y su entorno, generando un impacto social más amplio. Ya no basta con cumplir únicamente con las prestaciones de ley; es necesario agregar valor económico, humano y ambiental.
En este nuevo contexto, organizaciones de trabajadores, empresarios y colaboradores han comenzado a dejar de lado divisiones para construir, de manera conjunta, propuestas, herramientas y mecanismos de acompañamiento que impulsen el crecimiento de la población económicamente activa.
Sin embargo, la pobreza laboral continúa ampliando brechas. Impulsar empleos dignos y mejores ingresos es fundamental para reducir la desigualdad. La informalidad, que alcanzó alrededor del 55 por ciento al cierre del cuarto trimestre de 2025, según el INEGI, afecta a más de 32.9 millones de personas que no cuentan con prestaciones sociales. Es momento de superar diferencias y trabajar de manera coordinada para construir un país más justo y equitativo.



