
Artículo de Opinión escrito por Hector De La Miyar Garza | Presidente de la Comisión Nacional de Desarrollo Regional, Fronterizo y Portuario | Vía: @ElIndpendiente
El Plan México, presentado el pasado lunes 4 de mayo de 2026, intenta detonar en el empresariado mexicano un nuevo impulso hacia la productividad.
El llamado Plan México contempla la simplificación de trámites e incentivos a la inversión, la creación de una ventanilla única digital para acelerar procesos, el otorgamiento de permisos exprés y la homologación de trámites entre dependencias federales, en un momento en que la economía mexicana continúa estancada.
Según el INEGI, el crecimiento en el primer trimestre de 2026 fue de apenas 0.2% trimestral y cerca de 1.1% anual. Con este panorama, atraer inversión no solo es importante, sino prioritario.
El Plan México, con todas sus buenas intenciones, no termina de convencer a los inversionistas, porque las empresas buscan condiciones básicas para invertir: crecimiento económico, seguridad jurídica y estabilidad política.
Para un inversionista, lo más importante es que existan reglas claras y que, en caso de conflicto, pueda recurrir a un árbitro independiente y competente; es decir, que exista un verdadero Estado de derecho.
Al gobierno federal le urge que el dinero privado llegue rápidamente para compensar el gasto público y evitar que la desaceleración económica se convierta en una recesión más profunda.
Un punto particularmente negativo es que el gobierno federal decidió que la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) deje de ser un organismo autónomo y pase al control de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
Recordemos que PRODECON surgió como un organismo independiente en 2006 y era la única institución creada para defender a los contribuyentes frente al SAT; sin embargo, ahora quedará bajo control político.
Resulta relevante escuchar a organismos empresariales que advierten sobre auditorías agresivas, todo ello en un entorno de menor certeza jurídica para invertir en México.
En el primer trimestre de 2026, la economía mexicana retrocedió 0.8%, confirmando el freno económico señalado por calificadoras y organismos financieros.
Existe una serie de variables y factores que frenan el desarrollo de las empresas mexicanas: las reformas al sistema judicial, los cambios a la Ley de Amparo, las facultades de la UIF, una PRODECON debilitada al pasar a la Secretaría Anticorrupción, los bajos o nulos incentivos fiscales, las altas tasas de interés y la inseguridad en las carreteras. Todos estos elementos desincentivan la inversión y limitan la productividad.



