La extorsión está frenando el desarrollo del país.

Artículo de Opinión escrito por Juan José Sierra Álvarez , Presidente Nacional de COPARMEX | X:@jsierraalvarez

Contestar una llamada desconocida, abrir un negocio o trasladar mercancía entre ciudades se ha convertido, para miles de personas, en una decisión acompañada de incertidumbre. No porque falte capacidad para trabajar o emprender, sino porque la extorsión ha ido ocupando espacios que el Estado no ha logrado recuperar.

Ese es quizá el mayor riesgo de este delito: su capacidad para infiltrarse en la vida cotidiana hasta convertirse en una amenaza permanente que modifica hábitos, limita decisiones y deteriora la confianza.

La extorsión roba tranquilidad, paraliza proyectos y desgasta la capacidad de crecimiento de las empresas. Particularmente de las micro, pequeñas y medianas, que muchas veces operan con márgenes mínimos y enfrentan este delito sin protección suficiente.

Hay comercios que dejan de expandirse para evitar llamar la atención. Hay empresarios que prefieren no denunciar porque sienten que hacerlo los expone todavía más. Hay familias enteras que aprenden a convivir con amenazas telefónicas, cobros ilegales o intimidaciones como si fueran parte inevitable de la realidad.

Eso no puede normalizarse. Los resultados más recientes del Monitor de Seguridad COPARMEX reflejan que entre enero y marzo de 2026 se registraron dos mil 915 víctimas de extorsión. Pero incluso esas cifras se quedan cortas frente a la dimensión real del problema.

De acuerdo con el INEGI, el 97 por ciento de las extorsiones no se denuncia o no deriva en una carpeta de investigación. Es decir, los registros oficiales apenas representan una mínima parte de lo que ocurre diariamente en el país.

Detrás de cada estadística existe una historia distinta: un pequeño negocio obligado a pagar para operar, un transportista amenazado, una tienda familiar intimidada o una persona que decide guardar silencio porque perdió la confianza en las instituciones.

La cifra oculta más alta de todos los delitos refleja justamente eso: miedo.

Y cuando el miedo se instala de forma permanente en la actividad económica, las consecuencias alcanzan mucho más que la seguridad pública. Impactan la inversión, frenan la generación de empleo y debilitan la competitividad de regiones enteras.

No es casualidad que entidades como Morelos, Tabasco o Zacatecas enfrenten niveles especialmente alarmantes. Tampoco lo es que municipios completos comiencen a resentir afectaciones económicas derivadas de la violencia y la extorsión. Ninguna economía local puede fortalecerse bajo presión criminal constante.

Sin seguridad no hay confianza para invertir. Sin confianza no existe estabilidad. Y si estabilidad resulta imposible construir condiciones sostenibles para generar empleo, atraer capital o consolidar proyectos productivos de largo plazo.

Por eso la aprobación de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión representa un paso importante. Sin embargo, el verdadero desafío comienza ahora: lograr que esa legislación se traduzca en resultados concretos.

Se requiere capacidad institucional, coordinación entre autoridades y voluntad política para enfrentar un delito que ha evolucionado rápidamente y que hoy opera mediante llamadas telefónicas, redes sociales, plataformas digitales e incluso desde centros penitenciarios.

Resulta indispensable homologar legislaciones locales, fortalecer fiscalías y crear unidades especializadas capaces de atender a las víctimas e investigar adecuadamente estos casos. También es urgente progresar en la instalación de inhibidores de señal en centros penitenciarios, considerando que gran parte de estas operaciones continúan realizándose desde ahí.

La dimensión del problema exige asumir que la extorsión dejó de ser un delito secundario. Se ha convertido en uno de los principales obstáculos para la permanencia de miles de empresas y para el desarrollo económico de muchas regiones del país.

México necesita recuperar condiciones mínimas de tranquilidad para quienes generan empleo, invierten y sostienen la actividad productiva todos los días. Necesita instituciones capaces de proteger a las víctimas y de impedir que el miedo siga condicionando la vida económica.