Si bien la evolución del Poder Judicial es evidente, la forma en que la Corte interviene y resuelve se convierte en reflejo de su independencia y contribuye a la construcción de un equilibrio de poderes, un régimen democrático y un Estado de derecho.
Así, la primera semana de abril sentó un precedente relevante para la Suprema Corte de Justicia como contrapeso institucional y como instrumento de control de la constitucionalidad.
Por un lado, la Corte estableció límites importantes a la política de austeridad y combate a la corrupción del Ejecutivo, al invalidar la restricción de 10 años para que los servidores públicos de mando superior puedan laborar en el sector privado una vez que dejen su cargo.
Asimismo, invalidó la reforma al artículo 61 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que permitía que el destino de los ahorros generados por la aplicación de medidas de austeridad pudiera ser determinado por decreto del Poder Ejecutivo.
Sin embargo, en la sesión del 7 de junio, la Corte sentó un precedente relevante para el modelo energético del país, al desestimar la acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica publicada el 9 de marzo de 2021, al no alcanzar una mayoría de 8 de 11 votos.
Aunque la Corte no resolvió la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la Ley y dejó abierta la posibilidad de continuar presentando amparos, los argumentos esgrimidos por los jueces se enfocaron, en muchos casos, en juzgar si se trataba de una buena política pública o no, en lugar de centrarse en definir la constitucionalidad de la norma.
Desde hace más de una década, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha mediado para resolver divergencias entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, ha llevado a cabo una función de arbitraje, mediante el instrumento de controles constitucionales (controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad).
