Por Juan Manuel Hernández Niebla
Presidente de la Comisión Nacional de Desarrollo Democrático de COPARMEX
Conocidos como C5i, los Centros de Comando, Control, Computo, Comunicaciones e Inteligencia otorgan la infraestructura tecnológica para combatir la delincuencia.
Existen ocho C5i’s nacionalmente: CDMX, Estado de Mexico, Morelos, Puebla, Nuevo Leon, Michoacán, Jalisco y Guanajuato, todos con inversiones multimillonarias.
Paradójicamente, la mayoría de estos estados son punteros en incidencia delictiva, demostrando que más gasto en seguridad no es garantía de la misma.
Baja California recientemente firmó un contrato con la empresa Seguritech para migrar su modelo de C4 al de un C5i, a través de un contrato multianual a 10 años, por la cantidad total de $789 mdp.
En ese sentido, la Federación COPARMEX en Baja California, en coordinación con el Consejo y Comités Ciudadanos de Seguridad Pública del Estado, presentamos un amparo y una denuncia en contra del Gobierno Estatal en base a los siguientes fundamentos:
- Entendiendo que nadie puede estar en contra del uso de tecnología en el combate a la inseguridad, su efectividad debe estar garantizada a través de una adecuada estrategia y diagnostico en materia policial, asegurándose estas cuantiosas inversiones garantizan resultados. No es el caso en BC.
- La inversión mencionada no parece ser conmensurable al equipo incluido en el proyecto; además que 200 cámaras, 5,300 botones de pánico y 9 arcos de reconocimiento de placas son a todas luces insuficientes para cubrir la extensión y complejidad del estado.
- La responsabilidad del C5i sería de la Secretaría de Seguridad Estatal. En reporte emitido por SEGOB en Diciembre 2018, esta corporación muestra debilidad en 3 de los 10 lineamientos evaluados, mismos que están relacionados con el éxito de un C5i: la corporación es la segunda a nivel nacional con promedio más bajo en el número de policías, 0.3 por 100,000 habitantes contra una media nacional de 1.1; muestra baja capacitación en el nuevo sistema de justicia penal; y muestra debilidad en las categorías de policía procesal, cibernética y operaciones especiales.
- En el proceso de licitación, no se cumplieron los lineamientos emitidos por el Congreso en referencia a la eficiencia, eficacia, transparencia y honradez en la aplicación de recursos públicos, al ser solo dos compañía las que licitaron, quedando una descartada por no sustentar la capacidad jurídica de su representante legal, con lo que no hubo un análisis comparativo de propuesta financiera obteniendo solo una licitación.
- No se cumplió de igual manera la plena transparencia y máxima publicidad requerida en la autorización del Congreso, al no incorporar a la sociedad civil organizada en calidad de testigo social en la supervisión y evaluación del proceso.
Finalmente, según medios como Zeta, Reporte Índigo, Financiero y Proceso, la ganadora Seguritech, tiene investigaciones pendientes por presuntas irregularidades en torno a 22 proyectos implementados en el país.
En el combate a la corrupción y la impunidad, es la hora de los ciudadanos. Coparmex está al frente.
