Ante el riesgo en el abasto de gas L.P. que afecta a familias y empresas, Coparmex urge garantizar un mercado competitivo y sostenible

• La distribución de Gas L.P. enfrenta retos operativos y económicos que deben ser atendidos con soluciones sustentables.
• Las empresas recorren más de 60 millones de kilómetros al mes para garantizar el abasto seguro y eficiente en todo el país.  

El Gas L.P. es un insumo esencial para millones de familias y empresas en México. Su disponibilidad y distribución eficiente no solo inciden en la calidad de vida de los ciudadanos, sino que también impactan la competitividad de sectores productivos clave. En la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) reconocemos que garantizar su acceso en condiciones justas y equitativas requiere un entorno que promueva la inversión, la certidumbre jurídica y la libre competencia.

El sector de distribución enfrenta desafíos significativos. Cada mes, las empresas recorren más de 60 millones de kilómetros para asegurar la cobertura nacional, lo que implica elevados costos operativos en combustibles, mantenimiento de flotillas, salarios, seguros y normativas de seguridad. Para preservar la viabilidad del servicio, es indispensable que las políticas regulatorias reflejen la realidad económica del sector, evitando distorsiones que comprometan su operación.

La experiencia internacional confirma que el libre mercado es el mejor mecanismo para garantizar precios justos y condiciones equitativas para consumidores y empresas. La “Tarifa de Distribución” representa hasta el 50% del precio final del Gas L.P., por lo que cualquier ajuste debe basarse en criterios técnicos y económicos que aseguren la sostenibilidad del servicio. El control artificial de precios genera efectos adversos, como desabasto, disminución de la inversión y un crecimiento de los mercados informales que vulneran la seguridad de los consumidores.

La imposición de precios por parte del Gobierno desde hace seis meses, sin considerar los costos reales de distribución, está poniendo en riesgo la continuidad del servicio y generando impactos negativos en el sector:

• Reducción en la cobertura de la distribución, afectando a comunidades que dependen del Gas L.P. como principal fuente de energía.
• Expansión del mercado ilegal, con la incursión de grupos dedicados a la distribución clandestina de combustibles (huachigas), lo que incrementa los riesgos de seguridad y vulnera la legalidad del sector.
• Pérdida de empleos directos, con afectaciones para miles de familias que dependen de esta actividad.
• Riesgo en la seguridad operativa a mediano plazo, ya que la falta de viabilidad económica limita la capacidad de las empresas para renovar y mantener su infraestructura de distribución.
• Retroceso en el acceso a energéticos modernos, lo que podría obligar a algunas comunidades a recurrir al uso de leña como alternativa, con consecuencias negativas para la salud y el medio ambiente.

Las políticas energéticas deben garantizar eficiencia y sustentabilidad sin afectar la libre competencia ni poner en riesgo la continuidad del servicio. Es prioritario establecer condiciones que permitan a las empresas operar de manera rentable, cumpliendo con estándares de seguridad y calidad en beneficio de los consumidores.

Desde COPARMEX reiteramos nuestra disposición para el diálogo constructivo con las autoridades, con el objetivo de encontrar soluciones que impulsen un mercado de energéticos moderno, equitativo y competitivo. Apostamos por un modelo que incentive la inversión, proteja el empleo y garantice el suministro confiable del Gas L.P. en todo el país.

-o0o-