
Artículo de opinión escrito por Juan José Sierra Álvarez , Presidente Nacional de COPARMEX | Vía @altonivel X:@jsierraalvarez
Abrir la cortina cada mañana en nuestro país se ha convertido en un acto de resistencia. Detrás de cada mostrador, de cada taller y de cada oficina de una pequeña empresa, hay una historia de esfuerzo que hoy se ve empañada por la sombra de un socio que nadie invitó: la extorsión.
Habló de una realidad que tiene de rodillas a quienes son el motor de nuestra economía y que, bajo el amparo de la impunidad, se ha vuelto el impuesto más caro y cruel para el desarrollo.
Los resultados de nuestro más reciente Monitor de Seguridad de COPARMEX son una sacudida a la conciencia nacional. Entre enero y marzo de 2026, casi tres mil personas fueron víctimas de extorsión de manera oficial. Si desglosamos la frialdad de los números, nos encontramos con un promedio aterrador de 32 víctimas diarias.
Es decir, cada hora, al menos un mexicano que intenta sacar adelante a su familia está siendo amenazado. Sin embargo, lo más alarmante es lo que se oculta.
Vivimos bajo un gran número del 97%. De acuerdo con el INEGI, esa es la proporción de extorsiones que nunca llegan a una carpeta de investigación. Lo que las cifras oficiales nos muestran es apenas el 3% de una epidemia que carcome la confianza ciudadana.
Este delito posee la cifra oculta más alta de todo el sistema de justicia en México ; es un crimen que se alimenta del silencio y del miedo fundado a que la denuncia sea el inicio de una tragedia mayor. La extorsión no puede seguir normalizándose ni minimizándose como un simple “costo de operación”. Es el delito que mata a la MiPyME.
La geografía del dolor es extensa y diversa. A través de nuestro nuevo Índice de Extorsión (IEC) hemos identificado que 14 estados superan la media nacional de riesgo. Regiones como Morelos , Tabasco y Zacatecas enfrentan condiciones de asfixia para la actividad empresarial. Resulta doloroso observar que entidades como Chihuahua , Ciudad de México y Querétaro han alcanzado sus máximos históricos de los últimos 11 años.
En municipios de Guanajuato y en la propia capital del país, la frecuencia de este delito es una señal de alerta que ninguna autoridad puede ignorar.
Ante este escenario, la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión es un paso necesario, pero insuficiente si no hay una ejecución impecable.
Por eso, en COPARMEX nos convertiremos en los guardianes de esta ley. Vamos a vigilar, estado por estado y congreso por congreso, que la legislación se homologue correctamente y que existan unidades especializadas en las fiscalías que realmente atiendan a las víctimas con pericia técnica y sensibilidad humana.
Es momento de pasar de la indignación a la corresponsabilidad. Necesitamos fortalecer las instituciones, instalar inhibidores de señal en cada centro penitenciario del país y, sobre todo, construir un puente de confianza que permita romper el ciclo de impunidad.
México tiene todo para ser una potencia económica, pero su talento y su capital no pueden florecer bajo el asedio del miedo.



