¿Cómo vamos en materia de derecho a la salud para las mujeres en México?

Artículo de opinión escrito por: Rodrigo Oria y Anaya | Presidente de la Comisión Nacional de Salud de Coparmex | Vía: Excélsior.

Twitter: @Rodrigo_Oria

La triste realidad es que el derecho a la salud en México no está garantizado para las mujeres ni para los hombres. Tenemos un sistema de salud fragmentado, ineficiente, al que se le invierte poco y que no alcanza a cubrir las necesidades de la población. También es una lamentable realidad que las mujeres tienen aún más carencias que los hombres.

En gran medida, esta brecha se debe a la forma en que se construyó el sistema de salud en el país. En México, el sistema de salud y seguridad social se fundamentó en un modelo laborista diseñado para proteger a trabajadores asalariados y empleados públicos, excluyendo otras formas de trabajo, como las actividades de cuidado y de trabajo doméstico (en el que las mujeres tienen una participación predominante). En otras palabras, se desarrolló pensando en atender las necesidades de los hombres.

Mujeres valientes de la sociedad civil han luchado por sus derechos humanos desde la década de 1970 y se han logrado importantes cambios. Por ejemplo, en 1997 se creó  la Comisión de Igualdad de Género en la Cámara de Diputados, la que a partir de 2003 promueve la asignación de recursos etiquetados para la igualdad de género y comenzaron a tomarse medidas tendientes a institucionalizar la perspectiva de género en el marco jurídico y normativo del presupuesto público. También, desde 2008, los recursos del Gasto etiquetado se detallan en un anexo específico, que se denomina Erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres.

Sin embargo, la brecha todavía existe y se puede ver en los indicadores de salud de la población. Por ejemplo, en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición más reciente se reportó que la prevalencia de sobrepeso y obesidad en la población fue de 75% en mujeres y 69.6% en hombres; de igual manera la prevalencia de diabetes fue 13.8% en hombres y de 17.5% en mujeres. A esto hay que sumarle la alarmante situación de violencia doméstica que viven millones de mujeres en el país. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares de Inegi, realizada en 2021, 70% de las mujeres de 15 años y más en el país han experimentado, al menos, un incidente de violencia (psicológica, económica, patrimonial, física, sexual o discriminación). Esta violencia por supuesto que tiene repercusiones importantes en la salud física y mental de las mujeres, que, además, muchas veces no la expresan precisamente por la situación de violencia que están viviendo.

En marzo, mes dedicado a reconocer las aportaciones y la lucha de las mujeres, desde Coparmex hacemos un llamado para que las instituciones públicas y privadas del país, diseñemos un nuevo esquema de seguridad social en el que la condición laboral no sea el factor determinante de acceso, sino que se garantice el derecho humano a la salud a todas las personas y que reconozca las condiciones y necesidades particulares de las mujeres para generar programas que permitan reducir la brecha de desigualdad hacia las mujeres.

Por otro lado, invitamos a las y los empresarios a que implementen políticas internas en sus negocios, que contribuyan a generar, permitir e incentivar que las mujeres en sus empresas puedan lograr estilos de vida más saludables de acuerdo a sus necesidades particulares. Algunas de las mejores prácticas que han implementado muchas empresas son establecer políticas integrales sobre maternidad y lactancia, ofreciendo espacio y flexibilidad para madres trabajadoras, programas de coaching para que las madres trabajadoras reciban apoyo en la conciliación de la vida familiar y laboral, horarios alternativos de trabajo, con opciones de teletrabajo, horarios comprimidos o flexibles, entre otros.

Los derechos humanos, como el de la salud, son universales y por lo tanto debemos trabajar para asegurar que todas las personas los gocen de manera plena, sólo así podemos aspirar a lograr un país con desarrollo inclusivo en el que nadie se quede fuera.