Con Reforma a modo a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios se fomentará la corrupción y discrecionalidad en la compra de medicamentos con un intermediario

Con Reforma a modo a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios se fomentará la corrupción y discrecionalidad en la compra de medicamentos con un intermediario

  • La legislación vigente dotaba al Gobierno Federal de mecanismos oportunos para atender las contrataciones de emergencia sin sacrificar la calidad, la transparencia, la competencia y la legalidad.
  • Además, en el Congreso mexicano hay varias propuestas de reforma a las leyes de adquisiciones y de obra pública, que de manera integral se están discutiendo en Parlamento Abierto, mecanismo que no se respetó

Ante la crisis sanitaria que vive México a causa de la pandemia del COVID y bajo pretexto de evitar la corrupción, el Gobierno Federal anunció la compra de medicamentos en el extranjero con un intermediario único que será la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) sin mediar licitaciones, por adjudicación directa y sin los mecanismos de control que prevé la Ley de Adquisiciones.

En Coparmex afirmamos que, la bola rápida del periodo extraordinario para aprobar una propuesta parcial de reforma al artículo 1 de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, viola el artículo 134 de la Constitución, Convenciones y Tratados Internacionales.

Además, el Presidente, su gabinete de salud y legisladores de su partido han denostado públicamente y de manera general a la industria farmacéutica nacional quienes han mostrado su disposición para contribuir con las políticas de atención a la salud, actuando siempre con transparencia y responsabilidad.

Hacemos un llamado enérgico a las autoridades y legisladores que públicamente afirman que hay abusos y corrupción por parte de las empresas del sector farmacéutico, a que lo comprueben y denuncien ante las autoridades competentes para que se hagan las investigaciones y se emitan las sanciones que correspondan, pero no es permisible que se acuse de manera genérica empresas mexicanas y sin contar con denuncias y pruebas ofrecidas ante la autoridad por parte de los acusadores.

La Red Interamericana de Compras Gubernamentales, indica que la pandemia no es excusa para saltarse obligaciones y “aunque el principal objetivo en este momento es conseguir suministros, la transparencia debe mantenerse para asegurar que se toman decisiones legítimas, prevenir el fraude y mantener la confianza de los ciudadanos”.

La decisión de comprar medicamentos en el extranjero con un intermediario único, impide la competencia de la industria nacional y pone en peligro 100 mil empleos directos y 500 mil indirectos que producen, así como pérdidas por 60 mil millones de pesos para este sector, además de poner en evidencia la falta de planeación y transparencia en la presente Administración Federal, en la cual 8 de cada 10 contrataciones o adquisiciones públicas se dan por adjudicación directa, lo que no abona al combate a la corrupción.

Es necesario enfatizar que México es de los pocos países que cuenta con soberanía en la producción y comercialización de medicamentos, por lo que adquirir dichos insumos bajo este mecanismo de intermediación única en el extranjero, representa importación de fármacos de dudosa calidad para los mexicanos pues no siguen el mecanismo de la Ley para contar con un aval regulatorio, lo cual es un peligro.

Ante este escenario, en la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) consideramos que las Contrataciones Públicas se deben de guiar bajo el Decálogo de principios rectores que privilegien la transparencia, la competencia, la no discriminación, la eficiencia y economía, la objetividad, la trazabilidad, la aplicación de la ley, la responsabilidad, la capacidad y el profesionalismo.

El Sector Empresarial cuestiona la legislación al vapor que se realizó para reformar la Ley de Adquisiciones pues es contraria a todos y cada uno de estos 10 principios propuestos por la COPARMEX, mismos que provienen de las mejores prácticas internacionales, las Convenciones de las que México es parte, de los Tratados Comerciales, así como de nuestra propia Constitución.

 

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