Artículo escrito por Carlos Aurelio Hernández González, Vicepresidente de COPARMEX Metropolitano vía El Financiero.
Desde los inicios del Tratado de Libre Comercio (TLC), el campo mexicano se ha beneficiado de un crecimiento sostenido tanto en sus exportaciones como en el desarrollo de la Agroindustria. El principal insumo del sector es el agua y para poder obtenerla se requiere de equipos de bombeo para su uso y distribución en el riego. Para lograr que los productos agrícolas en México sigan siendo competitivos y accesibles para el consumo interno, es fundamental contar con energía eléctrica a bajos costos y de forma sostenible en el tiempo para la actividad del riego.
Y era la finalidad del Programa de Energía para Usuarios Agrícolas (PEUA), donde a través de la extinta SAGARPA y ahora la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Social (SADER) los campesinos mexicanos obtienen su Cuota Energética, equivalente al subsidio del 95% de los Kilowatt hora que consuma de energía eléctrica para la producción de alimentos.
A partir del “Acuerdo que modifica los Lineamientos por los que se regula el Programa Especial de Energía para el Campo en materia de energía eléctrica de Uso Agrícola”, publicado el 4 de abril del 2005, la tarifa eléctrica 9 o mejor conocida como “tarifa agrícola”, era de 0.682 pesos por KWh, en 2006 fue de 0.866, pero con el subsidio del PEUA, el campo mexicano pagaría solo el 5% del valor total, es decir .043 pesos x KWh.
Bajo esta lógica, desde el 2006 al 2017 han aumentado sistemáticamente en 21.1% de forma anual para quedar en $11.824 pesos por KWh y los agricultores mexicanos pagando $0.591 pesos por KWh, para ambos casos 13.6 veces más en 11 años. Todo esto con información obtenida de la CFE y del Banco de Información Económica (BIE) del INEGI.
De acuerdo con el BIE, para el 2017 las ventas en el sector agrícola de energía eléctrica fueron de $6,598,926,280 pesos, pero si se multiplica el consumo en Megawatt hora (MWh) del sector en 2017, por la tarifa de 11.824 y restando las Ventas Nacionales se obtiene que en realidad se “subsidiaron” $122,332,107,346.49 ¿Increíble? Si, ciento veintidós mil millones de pesos.
Con datos de la CFE, la tarifa agrícola 9 a enero del 2022, es de $.680 pesos por KWh, es decir, 13.60 el costo KWh sin el PEUA. Es decir una variación de 13.06% del 2017 al 2022 con aumentos anuales promedio de 2.76%.
Si esto se traduce a pesos, con los MWh consumidos por el sector agrícola en 2017, la cantidad sería de 7.4 MMDP las ventas hacia los agricultores mexicanos y 128 MMDP el “subsidio” de la CFE.
Con la primera gran liberalización de un sector en México como lo fue la Reforma Energética del 2013 con la creación del Mercado Eléctrico Mayorista, se puede conocer los costos en los que incurren los participantes de mercado al momento de generar y suministrar electricidad a través de la información publicada por el CENACE.
Con esta información se puede dar certeza que el costo de la CFE para llevar 1 KWh al campo mexicano, con las tarifas de distribución de suministro básico, alrededor de 2.0 – 3.0 pesos x KWh, incluyendo Energía Eléctrica, Productos y Costos Asociados a través de las compras y ventas en el MEM.
La realidad del campo mexicano pende de un hilo, de una decisión de CFE de desaparecer el subsidio, aunado a la falta de transparencia con el que ha manejado esta información.
Si la Reforma Eléctrica propuesta por la administración federal actual pasa en los términos en los que está y se vulneran las libertades de elección y competencia, sucederá lo mismo con las tarifas de los hogares y la industria en México, en beneficio de la CFE y en detrimento de los bolsillos de los consumidores mexicanos.
El PEUA es administrado por la SADER pero el recurso se entrega de la Secretaría de Hacienda directo a la CFE. Dicho subsidio es una gran oportunidad del actual Gobierno Federal para lograr dos objetivos: Otorgar directamente el subsidio a los agricultores para desarrollar Generación Distribuida y/o Abasto Aislado (Inviable por el reciente Acuerdo de la CRE), con una tarifa de 13 pesos x KWh los retornos de inversión serían de 1 a 2 años por la energía generada y se lograría profesionalizar al sector agrícola al integrarlo verticalmente en ser autosuficiente en su consumo eléctrico y con el medio ambiente.
El segundo objetivo lograble, es eliminar la falta de transparencia que ha existido con esta gran problemática que enfrenta el campo mexicano y con las millones de familias que dependen del acceso a electricidad a costos competitivos para seguir impulsando al sector como líder exportador en México y el mundo. La sustentabilidad y sostenibilidad del sector agrícola depende de plantear soluciones en conjunto.
Con la Reforma Eléctrica se daría un golpe devastador al sector agrícola, fulminante para las finanzas públicas y leoninas para los bolsillos de las familias y empresas mexicanos.
Desde COPARMEX, se coincide plenamente en fortalecer a la CFE y volverla una empresa realmente productiva, eficiente y transparente en favor de los mexicanos. Solo se logrará a través del diálogo abierto y el esfuerzo entre el sector privado y el público demostrando unión y compromiso por México.
