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El debate fiscal que viene

Artículo de opinión escrito por Angel García-Lascurain Valero, Presidente de la Comisión Nacional de Negocios y Financiamiento de Coparmex | Vía @ElFinanciero_Mx

Twitter: @AngelGLascurain

El diseño y la aprobación del presupuesto del gobierno federal para el 2024 han intensificado la discusión sobre la relevancia de tener cuentas públicas ordenadas y sobre la gestión y uso de los recursos públicos. El presupuesto que aprobó la Cámara de Diputados permite anticipar un 2024 complicado para las finanzas públicas y una situación presupuestaria muy compleja para la próxima administración, de cualquier partido.

La Secretaría de Hacienda estima ingresos totales por 7.3 billones de pesos, que son casi 2% inferiores a los aprobados en 2023, pero anticipa un gasto neto de 9 billones de pesos, lo cual representa un crecimiento real de 4.2%. Se propone financiar esa diferencia con un endeudamiento que asciende a más de 5% del PIB, un crecimiento real de 38% y se estima un aumento del déficit presupuestario de 3.3 y 4.9% del PIB, el más alto en 34 años. El monto de endeudamiento solicitado supera por mucho el monto de inversión del Gobierno Federal, por lo que la asignación de los recursos se hará principalmente al gasto corriente, que no aumenta la capacidad productiva del país y compromete la disponibilidad futura de recursos para el desarrollo. Esta administración se había comprometido con la prudencia fiscal. Eso ya cambió.

Las implicaciones de lo anterior sobre el crecimiento económico y en la capacidad de desarrollo de México para los próximos años están siendo revisadas por analistas económicos e instituciones, con diversos escenarios potenciales. Los negativos parten del hecho de que los altos déficits suelen ir acompañados de presiones inflacionarias (ello en el contexto de una inflación que todavía no regresa a los niveles de prepandemia), generan riesgos de salida de capitales y de aumento en las tasas de interés. Recordemos que las crisis de 1976 y la que inició en 1981 fueron fundamentalmente por exceso de gasto público e inversiones improductivas, que posteriormente comprometieron la política monetaria que acomodó los déficits fiscales. Esta posibilidad es menor hoy gracias a la autonomía del Banco de México y la situación económica es más estable, pero nuestra economía queda más vulnerable ante cualquier shock interno o externo, lo que en caso de ocurrir podría provocar una crisis fiscal en la primera parte del próximo sexenio.

Los escenarios más moderados parten del hecho de que el nivel de endeudamiento respecto al PIB sigue siendo relativamente bajo y menor al de otros países emergentes, lo que ofrecería un margen de maniobra cómodo. No obstante, las presiones de gasto serán muy importantes y sufragarlo con un endeudamiento público creciente afectaría eventualmente la estabilidad macroeconómica. Los elevados compromisos de gasto social, una presión cada vez mayor del sistema pensionario, los rezagos en materia de salud, educación y seguridad, y un menor crecimiento económico esperado para el próximo año, pondrán una presión importante sobre las finanzas públicas. Adicionalmente, se requieren inversiones sustanciales en la ampliación de la capacidad energética y en la infraestructura del país para potenciar el crecimiento económico y el desarrollo social.

Todo ello eleva la necesidad de discutir una reforma fiscal de fondo, implementable en los primeros años de la próxima administración. De manera especial, se requerirá si con la próxima administración no hay un cambio de rumbo en las políticas públicas y se persiste en acciones que han sido altamente costosas para la nación, como la exclusión paulatina del sector privado del desarrollo energético y la preservación de proyectos de infraestructura emblemáticos que no son rentables ni social ni económicamente.

Este tipo de reformas son difíciles de implementar políticamente y requerirá de un diálogo abierto entre el gobierno, el sector privado y la sociedad en general. Deberá ser una reforma con visión estratégica y que se enfoque promover el crecimiento y ampliar la capacidad de desarrollo sostenible y no únicamente recaudatoria de corto plazo. Deberá contemplar incentivos fiscales y financieros para impulsar inversiones significativas que promuevan el crecimiento y eleven la recaudación, buscando al mismo tiempo evitar la evasión, reducir la informalidad y ampliar la base gravable, promover un federalismo fiscal que incentive a los estados y municipios a obtener ingresos propios, simplificación administrativa en materia tributaria para facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, entre otras medidas, todas ellas en un marco de transparencia en el ejercicio del gasto público, así como de seguridad y certeza jurídica.

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