Federalismo Hacendario

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El federalismo hacendario es uno de los pilares de nuestro modelo democrático. Un modelo donde se busca tener un manejo eficiente del ingreso, el gasto y la deuda pública, respondiendo a los principios de igualdad, responsabilidad y transparencia que deben guiar al Estado mexicano.

Hoy más que nunca, ante las políticas federales que intentan centralizar gran parte del gasto, es necesario que municipios, entidades y federación, retomen un valioso diálogo de pares, no solo para mejorar el sistema de coordinación fiscal en vigor, sino para renovarlo acorde a las realidades del siglo XXI.

En COPARMEX, estamos convencidos de que es necesario iniciar un debate nacional sobre cómo lograr un nuevo pacto fiscal que permita contar con entidades federativas y municipios sólidos en el ámbito hacendario, que les permita cumplir con sus responsabilidades constitucionales y contar con capacidad de realizar inversión pública.

Entre los temas que este debate debe abordar se encuentran tres: (i) Ampliar las competencias hacendarias de las entidades federativas y los municipios, (ii) mejorar las fórmulas para la distribución de las participaciones federales, y (iii) implementar mejores mecanismos para la fiscalización de los recursos subnacionales.

Más de la mitad de los recursos que gastará el gobierno federal en 2019 provienen del cobro de contribuciones, que se lleva a cabo en forma desigual entre regiones. Tan solo cuatro entidades, Ciudad de México (37.5%), Estado de México (12.2%), Nuevo León (6.8%) y Puebla (3.6%), aportan el 60% de los ingresos tributarios del país en su totalidad.

Este modelo genera una gran dependencia de las entidades federativas por recursos federales pues, independientemente de lo que se recaude, los estados terminan teniendo ingresos determinados mayormente a nivel federal, y poco vinculados a sus propios esfuerzos recaudatorios.

Así mismo, genera riesgos importantes de su viabilidad financiera, lo que se traduce en la contratación inmoderada de deuda pública. Entidades como Nuevo León, Quintana Roo y Veracruz, están obteniendo hoy más recursos por financiamiento, que por contribuciones fiscales.

Ante este dilema, resulta evidente la necesidad de repensar las competencias hacendarias de las entidades federativas y los municipios, a fin de que éstas puedan financiarse principalmente con recursos propios que recauden a nivel local y municipal.

Tal cual está planteado y en vigor, el Acuerdo de coordinación fiscal entre la federación y las entidades federativas, permite que la Federación concentre de manera inmoderada la recaudación, limita en exceso las facultades de los gobiernos locales y no genera incentivos para construir una mayor capacidad tributaria en los Estados y Municipios.

Por otro lado, las fórmulas actuales para la distribución de aportaciones y participaciones entre las entidades federativas son claramente inequitativas.

La mitad de las entidades federativas que menos impuestos federales recaudaron (12.5% del total nacional), recibieron más de la mitad (55%) de las aportaciones y participaciones en perjuicio de las que tuvieron un mejor desempeño en la capatación.

Aunque la solidaridad es uno de los principios fundacionales del Pacto Federal, la inequidad no puede llegar al extremo de minar las capacidades financieras básicas de las entidades mayormente aportantes, que deben atender de forma primaria, a la población de su Estado y Municipios.

El modelo de coordinación fiscal actualmente en vigor, le carga la mano a unos cuantos Estados, sin crear responsabilidad en la totalidad de los estados.

Los mecanismos de fiscalización de las participaciones que se transfieren por la Federación a las Entidades son ineficaces.

Los trabajos de investigación de la organización México Evalúa han señalado la excesiva flexibilidad en el uso de los ingresos excedentes en el sector público, misma que se acompaña de falta de transparencia y rendición de cuentas.

En el caso de los gobiernos estatales y municipales, las observaciones de la Auditoria Superior de la Federación sobre el ejercicio del gasto resultan preocupantes, pues no se tienen controles eficientes, para que se pueda monitorear con profundidad y oportunidad, que los gobiernos estatales y municipales, efectivamente apliquen los recursos para los propósitos dispuestos.

La contratación de deuda estatal y municipal tampoco tiene suficientes candados para asegurar se mantenga en niveles manejables y con objetivos que la justifiquen.

Durante el primer semestre de 2018, la deuda de seis gobiernos locales (Baja California, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Quintana Roo y Sonora), fue catalogada por la SHCP bajo “observación” por el alto porcentaje que representa respecto a sus ingresos ordinarios.

Es impostergable la revisión del convenio de coordinación fiscal que rige el cobro de contribuciones y determina la distribución de los ingresos fiscales, pues no responde a la realidad del país.

El convenio se diseñó hace décadas, de cara México de los años cuarenta del siglo XX, donde no existían contrapesos al gobierno federal, con gobiernos locales y municipales de organización precaria, y desde entonces, no ha habido un ajuste significativo, más allá de las formulas diseñadas a finales de los años setentas.

Exhortamos al Gobierno Federal a convocar en 2019 a una Convención Nacional Hacendaria de forma que se discutan base cero, el nuevo régimen de las competencias tributarias, y los modelos para determinar la distribución los recursos fiscales de forma más justa, entre los distintos órdenes de gobierno, y entre las distintas entidades federativas.

Se deben discutir y actualizar sin dogmas, los principios, valores y fines de un renovado federalismo fiscal.

Y en contrapartida, diseñar nuevos estándares de transparencia y rendición de cuentas, en todos los órdenes de gobierno.

Los tres niveles de Gobierno son corresponsables en la construcción de un país más próspero. Ello presupone contar con finanzas sanas.

El financiamiento público no puede ser víctima de visiones de corto plazo, ni presa de intereses partidistas.

Es por ello que el modelo de Coordinación Fiscal requiere modernizarse, considerando la realidad actual del desarrollo del País y la pluralidad política que hoy se vive.

Es tiempo que la decisión política fundamental de los Mexicanos expresada en la Constitución para de constituirse en una República Federal sea una realidad, y deje de ser una aspiración insatisfecha.

Sin un renovado régimen de coordinación fiscal, la vocación federalista de los mexicanos, se mantendrá ignorada.

Ya es hora de cumplirle a México.

#YaEstuvo de Centralismo.

 

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