La Corte abre la puerta a la incertidumbre financiera.

Artículo de opinión escrito por: Ximena Céspedes | Vicepresidenta Nacional de Desarrollo Democrático y Cabildeo de COPARMEX | Vía: @AuroradeMexico X: @XimenaCespedesA

Las decisiones que marcan a un país no siempre hacen ruido en el momento en que se toman. Algunas se entienden con el tiempo, cuando sus efectos comienzan a sentirse en la vida institucional, en la economía y en la confianza de quienes participan en ella.

La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el bloqueo de cuentas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera es una de esas decisiones.

El debate no gira en torno a si el Estado debe contar con herramientas para combatir operaciones ilícitas. Eso es incuestionable. La integridad del sistema financiero y la seguridad económica requieren instituciones con capacidad de actuar. El punto de fondo es otro: bajo qué condiciones y con qué límites se ejerce ese poder.

La resolución valida un esquema en el que la autoridad puede restringir el acceso a recursos financieros sin una autorización judicial previa. Se trata de un cambio relevante en la forma en que se interpreta el equilibrio entre facultades del Estado y derechos individuales.

Ese equilibrio es, precisamente, el núcleo del Estado de derecho.

Cuando una medida de esta naturaleza se activa con base en indicios, sin parámetros plenamente definidos y sin control judicial inmediato, se introduce un nivel de incertidumbre que trasciende el ámbito legal. Es una señal sobre la solidez de los contrapesos institucionales.

Las consecuencias son tangibles.

Para cualquier persona o empresa, el acceso a sus recursos es un elemento esencial para su funcionamiento. En el caso de las micro, pequeñas y medianas empresas, esa realidad es aún más evidente. Su operación cotidiana depende de flujos constantes que permiten cumplir obligaciones básicas. Interrumpirlos, incluso de manera temporal, puede generar efectos que no siempre son reversibles.

Pero el impacto no se limita a quien enfrenta directamente una medida de este tipo.

Las decisiones de inversión, tanto nacionales como internacionales, se construyen sobre percepciones de riesgo. Y esas percepciones están profundamente vinculadas a la certeza jurídica. Cuando el marco institucional abre espacios a la discrecionalidad o a la ambigüedad, el riesgo percibido aumenta, y con él, la cautela para invertir.

México se encuentra en un momento en el que compite activamente por capital, talento y proyectos productivos. En ese contexto, cada señal cuenta. La consistencia en las reglas, la previsibilidad en su aplicación y la existencia de controles efectivos son factores determinantes para consolidar la confianza.

Desde Coparmex hemos sostenido que el desarrollo económico no puede separarse de la calidad institucional. La certeza jurídica es una condición indispensable para el crecimiento sostenido.

Por ello, la resolución de la Corte no puede entenderse como un punto final.

Al contrario, abre una etapa que exige definiciones claras. Corresponde al Poder Legislativo y a las autoridades regulatorias establecer los límites que hoy no están suficientemente precisados: qué constituye un indicio válido, cuánto tiempo puede sostenerse una medida de esta naturaleza y bajo qué mecanismos se garantiza una revisión efectiva.

También es indispensable asegurar que quienes enfrenten una medida de este tipo cuenten con información oportuna, mecanismos de defensa efectivos y garantías de que cualquier actuación indebida tendrá consecuencias. La transparencia y la rendición de cuentas son parte esencial de ese proceso.

Porque al final, la fortaleza de una democracia no se mide solo por su capacidad de intervenir, sino por su capacidad de hacerlo sin generar incertidumbre.

Y en el México de hoy, la certeza no es un lujo. Es la condición que define si avanzamos o nos detenemos.