La observación electoral como defensa activa de la democracia

Artículo de Opinión escrito por: Gerardo Aranda Orozco | Expresidente Nacional de Coparmex Nacional | Vía: @Excelsior

La elección del pasado 1 de junio marcó un antes y un después en la historia democrática de México. Por primera vez, los ciudadanos fuimos convocados a elegir directamente a jueces, magistrados y ministros. Lo que en el papel se presentó como un avance hacia la legitimidad del Poder Judicial, en los hechos, terminó revelando un proceso opaco, desorganizado y con una participación alarmantemente baja. Más que un ejercicio democrático, presenciamos un intento de control político disfrazado de consulta ciudadana.

La reforma judicial aprobada en 2024 no surgió del consenso ni respondió a una demanda social. Fue una imposición política que desmanteló un sistema imperfecto, sí, pero perfectible, para sustituirlo por un modelo que debilita la profesionalización, elimina los contrapesos y pone en riesgo la independencia judicial. Ante este panorama, la observación electoral no sólo fue necesaria, fue indispensable.

Durante más de tres décadas, la observación ciudadana ha sido un instrumento poderoso para vigilar, documentar y mejorar nuestros procesos electorales. En esta ocasión, frente a una reforma sin diagnóstico técnico, sin participación plural y sin criterios claros para evaluar a los aspirantes, el papel de los observadores cobró una nueva dimensión: la defensa activa del Estado de derecho.

Desde la Coparmex se impulsó una estrategia nacional de observación con más de 200 personas capacitadas ante el INE, provenientes de 31 centros empresariales. A ellos se sumaron socios de otros 36 centros que también participaron como ciudadanos comprometidos con la justicia. A través de la plataforma Visor Electoral se generaron más de mil reportes que documentan lo que ya es innegable: casillas que abrieron tarde, baja participación ciudadana, coacción del voto y uso de métodos para inducir sufragios como los tristemente conocidos “acordeones”. En San Martín Texmelucan, Puebla, incluso se reportó el robo de 500 boletas.

Estos hechos no son menores. Más allá de los incidentes aislados, revelan un patrón alarmante: una elección improvisada, sin condiciones logísticas adecuadas, con recursos limitados y sin información suficiente para que la ciudadanía emitiera un voto razonado. ¿Cómo hablar de legitimidad popular cuando casi nueve de cada diez ciudadanos decidieron no participar? La participación se estimó entre 12.5% y 13.3 por ciento. ¿Puede considerarse democrático un proceso que la inmensa mayoría ignoró?

La elección popular de jueces supone riesgos estructurales. Incentiva la politización de la justicia, alienta campañas mediáticas y compromete la imparcialidad de quienes deberían ser garantes de la ley, no candidatos. Elegir jueces no puede convertirse en un concurso de popularidad ni en una herramienta para capturar instituciones. La justicia debe construirse sobre la base de méritos, preparación, imparcialidad y ética. Cualquier otro camino nos lleva al descrédito institucional.

Este modelo electoral no debe repetirse. No puede sentar un precedente para justificar recortes presupuestales, reducir casillas o debilitar al INE. Defender la legalidad y la independencia judicial no es un capricho empresarial, es un acto de responsabilidad democrática. Porque sin justicia confiable, no hay inversión posible ni seguridad jurídica ni futuro sostenible para México.

Es necesaria una nueva reforma que garantice un sistema judicial autónomo, transparente y accesible. Un modelo que proteja a todos, en especial a las micro, pequeñas y medianas empresas que hoy enfrentan la incertidumbre de un sistema frágil y politizado.

México merece un Poder Judicial a la altura de su gente. La vigilancia ciudadana es el antídoto contra la captura institucional. Sigamos observando, exigiendo y actuando. Porque cuando la justicia se politiza, la democracia retrocede. Y cuando los ciudadanos vigilan, la democracia se fortalece.