Mejora Regulatoria: condición de competitividad

Los empresarios que conformamos la Coparmex, teníamos más de una década exigiendo una ley que modificara la estructura regulatoria del País con el fin de hacerla más efectiva.

Hoy, finalmente estamos en ese camino. Reconocemos a los poderes Ejecutivo y Legislativo Federal, por la reciente aprobación de la Ley General de Mejora Regulatoria. Solo falta su promulgación, que seguramente ocurrirá el próximo mes de Mayo.

El trabajo no hubiere fructificado sin el decidido impulso hacia el interior del Gobierno Federal, de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, un caso sobresaliente e incluso atípico de proactividad y alineamiento a la misión fundacional, entre las instituciones del sector público mexicano.

Y desde luego, un amplio reconocimiento a quienes desde la sociedad civil, participaron en el proceso, desde las instituciones académicas expertas en políticas públicas hasta organizaciones empresariales, que como la Coparmex, participaron en todo el trayecto, a lo largo de varios años.

La aprobación de esta ley implicó un largo trayecto legislativo, que inició con una reforma constitucional que dotó de facultades al Congreso de la Unión para que pudiese legislar en materia de mejora regulatoria, no solo en el ámbito federal, sino también para todos los órganos de gobierno, incluyendo los organismos autónomos.

La audacia de implementar una reforma tan ambiciosa le ahorró al país la ruta de hacerlo paulatinamente, municipio por municipio, y desperdiciar en ello una generación entera.

La Ley llega en un momento oportuno para resolver una amplia variedad de problemáticas inherentes a la calidad de la regulación y que suponen uno de los mayores obstáculos que México enfrenta en términos de competitividad.

Según el Índice de Competitividad Global, por ejemplo, México se encuentra en el lugar 120 de 137 países en términos de la severidad de la carga impuesta por la regulación, comparable en forma desfavorable con paises como Jamaica y Haití. En el mismo índice, la ineficiencia de la burocracia gubernamental se encuentra como el tercer factor más problemático para hacer negocios, antecedido solamente por la corrupción y el crimen.

Para las empresas, un marco regulatorio excesivo y disfuncional, constituye un inhibidor de inversión y, por lo tanto, de desarrollo.

Según el indicador #GastoRegulatorio de #DataCoparmex, las empresas gastan en promedio 48,871 pesos en cumplir con la carga regulatoria gubernamental, y en varios estados el promedio se encuentra incluso por encima de los 100 mil pesos.

Reiteradamente la COPAMEX ha expuesto cómo la regulación vigente es demasiado compleja causando pérdida de eficiencia y productividad.

Así, según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental de INEGI; casi la mitad de los usuarios de servicios gubernamentales (46.2%) reportaron haber tenido problemas al realizar un trámite durante el año 2017.

Otro inconveniente es la cantidad de trámites. Según la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) existen más de 150 mil trámites en el país. En promedio, una persona tiene que realizar 9.3 trámites al año.

Los requisitos, plazos y costos de estos trámites, en la mayoría de los casos, no son transparentes para la ciudadanía, sobre todo en el ámbito estatal y municipal. Esto facilita que se exijan requisitos y cuotas que no corresponden legalmente, aprovechando el desconocimiento de los ciudadanos sobre el marco regulatorio.

En adición a ello, hay grandes inconsistencias y asimetrías al comparar entre sí, las regulaciones de los estados y municipios. La heterogeneidad del marco regulatorio es obvia cuando se analizan trámites tan recurrentes como las Licencias de Construcción: mientras que en Tlalnepantla registra un promedio de 12 días su trámite, en Coatzacoalcos la espera es de más de un año (452 días).

Como resultado de lo anterior, el gasto regulatorio con el que las empresas se tienen que enfrentar varía enormemente de una entidad a otra: en estados como Hidalgo y Chiapas, este gasto ronda los 15 mil pesos, mientras que en Nuevo León y Baja California Sur la suma puede ascender por arriba de los 170 mil.

La falta de transparencia evita que estos datos sean de conocimiento general, teniendo una implicación adicional sobre la competitividad relativa de los estados, que podrían competir con estas métricas.

Por último, el más dañino efecto que induce el marco regulatorio actual, es el constante abuso de poder y extorsión por parte de las autoridades en las visitas de inspección a las empresas. La complejidad de los trámites y los largos plazos de espera, así como la falta de consistencia en la aplicación de las normas, se traducen en un incentivo para la corrupción.

Una de las principales causas para incurrir en actos de corrupción es la intención de agilizar algún trámite gubernamental y esto ocurre en todos los estados de la República. Para el 82% de los empresarios encuestados en la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental 2016, los actos de corrupción se presentan de manera frecuente y/o muy frecuente. Las entidades donde se percibe más corrupción son la Ciudad de México, Tabasco y Veracruz.

En Coparmex creemos que la Ley General de Mejora Regulativa contiene medidas pertinentes para combatir la corrupción generada por las deficiencias y complejidades del marco regulatorio, al simplificarla y fortalecer su transparencia y competitividad.

Destaco cinco de estas medidas que las autoridades ahora deberán cumplir y que suponen avances críticos respecto a la regulación vigente:

Primero: La publicación de tres registros nacionales, a saber el de regulaciones, el de trámites y servicios, así como el de inspecciones, en una sola plataforma digital accesible para todo el público.

Estos registros facilitarán la comparación de marcos regulatorios entre entidades y municipios, lo que fomentará la transparencia y la competitividad.

El primero, es un registro único que contendrá todas las regulaciones aplicables en el país, incluyendo todas las materias y autoridades responsables; abarcará los tres niveles de gobierno, así como todos los organismos constitucionalmente autónomos.

El segundo, es un registro con todos los trámites y servicios a nivel nacional. Este registro tiene como objetivo brindar certeza acerca de los únicos requisitos y documentos que se pueden exigir en cada trámite, además de los plazos de respuesta y los costos que se deben cubrir.

El tercero, es el registro de inspecciones. En este registro se encontrarán el tipo de inspecciones que se pueden realizar, y los costo relacionados con los servidores públicos facultados para hacerlas.

El segundo elemento es la denuncia ciudadana que se facilita mediante la protesta presencial o vía electrónica. Cualquier autoridad a la que se le impute algún abuso, o incurra en alguna irregularidad administrativa, o bien un acto de corrupción, estará obligada a responder en un plazo máximo de 5 días.

Un tercer evento, consiste en que ahora se usarán expedientes electrónicos para simplificar el cumplimiento de requisitos documentales y facilitar la resolución de trámites y servicios entre diversas autoridades.

Por otro lado, un cuarto avance es que ahora existirá participación ciudadana directa en la política de simplificación de regulaciones y trámites existentes, así como del diseño de la estrategia de mejora regulatoria continúa. Es decir, un sistema abierto a la participación ciudadana.

Finalmente, y considerado el quinto elemento de avance, en un mismo tenor, se hará obligatoria la realización de consultas públicas por parte de los poderes ejecutivos a nivel federal, estatal y municipal ante la imposición de una obligación de futura regulación. Con esto se busca que los ciudadanos y las empresas puedan emitir su opinión con anticipación a cualquier cambio. La realización de las consultas públicas es un logro para la ciudadanía. Al facilitar la participación directa de los ciudadanos, se propicia una mejora continua de los trámites y las regulaciones de una manera más democrática.

Consideramos que con estos cinco puntos se reconoce la fortaleza y pertinencia de la participación ciudadana, dando un acceso directo a la definición de políticas que afectan su productividad.

Al brindar una plataforma digital accesible con información completa y actualizada de todas las regulaciones, trámites e inspecciones, los ciudadanos dispondrán de una herramienta para defenderse de los abusos de poder, en tanto que los empresarios tendrán un mecanismo para comparar los distintos marcos regulatorios sobre diversos lugares del País, y tomar en base a ello decisiones informadas que incrementen su productividad y competitividad.

Estimados amigos,

Tenemos la firme creencia de que esta ley abonará a la creación del Sistema Nacional de Mejora Regulatoria, y que tendrá en su momento la misma relevancia que los Sistemas Nacionales de Transparencia, de Fiscalización y el Sistema Nacional Anticorrupción, y que, junto con ellos, servirá para impulsar la competitividad en nuestro país.

Una vez que sea promulgada y entre en vigor, empezará un arduo camino para desactivar o simplificar los cerca de 150 mil trámites que inciden en la actividad empresarial.

México requiere de una regulación moderna, que haga germinar a las empresas, promoviendo la competitividad en beneficio la economía de mercado.

Hoy se ha dado un gran paso en esa dirección.

Les envío cordial y respetuoso saludo.

Muchas gracias

Gustavo A. de Hoyos Walther

Presidente Nacional

@gdehoyoswalther