Promueve COPARMEX acciones para que empresas identifiquen riesgos y cumplan leyes contra el Lavado de Dinero

• Realiza Coparmex foro “Actualización en temas de Impacto Empresarial de Prevención de Lavado de Dinero”
• Participan representantes del Gobierno, la Cámara de Diputados y la Academia

Con el objetivo de promover que las empresas tengan información actualizada que les permita detectar riesgos y cumplir con la legislación en materia de prevención de lavado de dinero, la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, llevó a cabo un foro en la materia.

El Presidente nacional de Coparmex, José Medina Mora, señaló que la prevención de lavado de dinero es un tema que dejó de ser solo del sector financiero y, por la naturaleza de los delitos, se convirtió en un tema que compete a todos en el sector privado por el alcance que puede tener en las empresas.

“Es por ello que hemos empezado por reconocer la importancia de la gestión de riesgos y de la implementación de sistemas de control que nos ayuden a mitigarlos, con el objetivo de evitar los actos que puedan considerarse una amenaza o generar inestabilidad en nuestras empresas.

“Las tendencias mundiales apuntan a responsabilizar a las personas jurídicas, además de las personas físicas, en la detección de riesgos y las denuncias de los ilícitos cometidos; es por ello que actualizarnos en la materia, es una prioridad para los socios de COPARMEX”, señaló.

Destacó que la importancia de este tema para la Confederación la llevó a crear este año la Consejería Delegada en materia de prevención de lavado de dinero, encabezada por Antonio Barragán Cabral, a quien agradeció por la organización del foro.

“Eventos como en el que participamos esta mañana son una muestra de que las empresas están más seguras si evalúan, diagnostican, denuncian y cooperan en la prevención del lavado de dinero. Lo ideal es que los socios COPARMEX y las empresas mexicanas, se atrevan a contar con un programa de prevención de lavado de dinero que nos permita contar con la actualización de las disposiciones en la materia y estemos al día respecto a las novedades en los estándares internacionales”, resaltó Medina Mora.

La diputada federal Patricia Terrazas, integrante de la Comisión de Hacienda, se refirió a los cambios fiscales aprobados recientemente en la Cámara Baja y que regirán en 2022, y alertó sobre diversas disposiciones que dejan la puerta abierta para que las autoridades administrativas decidan conductas delictivas y en los hechos legislen en lugar de sólo administrar.

Destacó que desde la autoridad se sigue insistiendo en que todo mundo va a hacer trampa y a emitir facturas con empresas fantasma, lo que permite al Gobierno tener manga ancha para frenar a una empresa a través, por ejemplo, de la cancelación de los sellos fiscales.

“Y eso queda en manos de un auditor y muchas veces las personas que están tomando decisiones no tienen capacidad para discernir si es falta de materialidad o simplemente no entiende el tema. Estos temas son de alta especialidad y no hay muchas personas que los entiendan y no hablo sólo de afuera, sino dentro, de la autoridad donde hay gente que no tiene ni idea de lo que está haciendo”.

Insistió en que diversas revisiones al cumplimiento fiscal de las empresas deben estar en manos de funcionarios expertos, lo que no siempre sucede e incluso alertó que la información de las empresas puede caer en manos de malhechores.

Benjamín Reyes Torres, director de normatividad mercantil de la Secretaría de Economía, explicó la importancia del registro del Beneficiario Final ante la dependencia, así como el uso correcto del Sistema Electrónico de Publicaciones de Sociedades Mercantiles (PSM).

En su exposición señaló que la mayor complejidad que han tenido en el trámite de inscripción al PSM es que se han encontrado con personas que firman por otros, es decir quien trae la firma electrónica no es el dueño de la firma. “Dicen me la prestó, soy su representante. Por eso cuidado con compartir nuestras firmas electrónicas”

Explicó también que la Secretaría de Economía tiene participación en los trabajos coordinados por la Secretaría de la Función Pública y la Unidad de Inteligencia Financiera para atender los compromisos internacionales que México ha adquirido en materia de transparencia del “Beneficiario Final” ante diversos organismos y mecanismos internacionales de los cuales es miembro, en particular, el estándar internacional contra el lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva

La doctora Angélica Ortiz Dorantes, integrante del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) destacó el impacto de la ley antilavado en las Mipymes, que son las que generan el 72 por ciento de los empleos del País.

Destacó la importancia de que haya capacitación e información para las empresas, y con ello mitigar riesgos, pues se ha publicado que el 80 por ciento de estas empresas no saben qué tienen que cumplir con estas obligaciones y en su experiencia ha encontrado que muchos empresarios no conocen ni las obligaciones ni los impactos en multas millonarias que pueden tener.

Sobre la propuesta de la ley antilavado que está pendiente de aprobarse en el Senado, Ortiz Dorantes destacó la obligación para las empresas de tener sistemas automatizados para prevenir y detectar el lavado de dinero. En este caso se pronunció por una política de proporcionalidad, es decir que los sistemas que tengan que implementar las empresas sean acordes a su tamaño, para que puedan cumplir con la ley, pero sin una carga administrativa y económica que no puedan soportar.

Reginaldo Esquer, vicepresidente de Justicia y Asuntos Tributarios de Coparmex, destacó la importancia de los argumentos expresados por los ponentes para actualizar información a las empresas que están preocupadas en cumplir con las obligaciones en la materia.

“Las empresas debemos tener claro que no podemos cumplir sólo con obligaciones fiscales y no con las de lavado de dinero”, señaló.

Por su parte Mauricio Nuñez presidente de Coparmex Estado de México Oriente, destacó la relevancia del tema y el compromiso de la Confederación para la defensa de los derechos de las empresas legalmente constituidas y que los impactos de las leyes sean positivos.