- Es reprobable que el Senado establezca un periodo extraordinario para su aprobación sin haber atendido las opiniones de expertos y organismos internacionales.
- La reforma propuesta no sólo atenta contra la aspiración social de la autonomía en la Fiscalía, sino que es una vuelta al pasado que asegura mayor opacidad y discrecionalidad
- Se cierra la puerta a todo mecanismo de escrutinio público y rendición de cuentas. De aprobarse se estarían violentando obligaciones del Estado mexicano en materia de derechos humanos
El Senado de la República aprobó el día de ayer un acuerdo para que el próximo 15 de enero se celebre un periodo de Sesiones Extraordinarias a fin de aprobar la nueva Ley de la Fiscalía General de la República.
La reforma que abrogaría la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República para crear una nueva Ley, es un despropósito que perjudicaría gravemente a la sociedad y asegura un paso adelante para el autoritarismo.
La Ley vigente, publicada en diciembre de 2018, tuvo como base la reforma constitucional del año 2014 y fue resultado de un amplio proceso de deliberación pública que escuchó, tanto a víctimas, defensores de los derechos humanos, expertos y a la sociedad civil.
Su tiempo de maduración ha sido muy corto, menos de dos años, por lo que lejos de que los esfuerzos se centren en que dicha Ley sea reescrita, deberían estar enfocados en que sea implementada de forma eficaz.
Diversos organismos internacionales se han pronunciado por la necesidad de crear y fortalecer las fiscalías, tanto institucional como operativamente, para que cumplan con sus funciones de forma independiente e imparcial. La nueva Ley propuesta en nada abona a estos propósitos.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) impulsó la iniciativa ciudadana #Reforma102, con el objetivo de contribuir para la construcción de una Fiscalía que cuente con real autonomía.
Mediante un ejercicio de opinión pública conocimos que el 58 por ciento de los mexicanos está a favor de que la sociedad civil participe en la elección del Fiscal General y hemos conseguido recolectar 70 mil firmas a favor de la participación ciudadana y en contra de un fiscal a modo.
En la COPARMEX destacamos que: La gestión actual en la Fiscalía no ha representado un cambio. El paso de la Procuraduría General de la República (PGR) a la FGR no ha significado el fin de la impunidad, ni ha dejado de ser utilizada como un instrumento del poder político. Ello nada tiene que ver con el marco legal vigente, sino con la nula voluntad para cumplir con su normatividad, en específico, por la existencia de un #FiscalCarnal.
La propuesta de nueva ley es una amenaza a la independencia de la Fiscalía y de los fiscales
Tal como lo advirtió el Representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), en el último Examen Periódico Universal al que se sometió nuestra nación en 2018, diversos países formularon recomendaciones en el sentido de implementar cabalmente la reforma constitucional de 2014, para crear fiscalías verdaderamente autónomas e independientes y fortalecer la profesionalización.
Asimismo, la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) señaló que la autonomía de la FGR debe ser entendida como una garantía de acceso a la justicia, para evitar presiones ilegítimas en la investigación y lograr llevar los casos ante tribunales.
Sin embargo, en la COPARMEX consideramos que la iniciativa que motiva la reforma va en contrasentido a la opinión de estas instituciones, eliminando la independencia técnica de los fiscales y facilitando injerencias externas en sus investigaciones y, al mismo tiempo, plantea una estructura vertical, en la que los fiscales estén sujetos a sus superiores jerárquicos antes que a los resultados objetivos de sus propias indagatorias.
Cierra la puerta a la participación de las víctimas y defensores en las investigaciones
Ello es una clara regresión a los avances alcanzados en 2018 y que incluso había sido objeto de reconocimientos. La reforma daría la espalda a normas y estándares internacionales de derechos humanos, transparencia y rendición de cuentas.
Además, se elimina la obligación de la FGR de participar como integrante de órganos de toma de decisión en temas tales como la desaparición de personas; protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas; y derechos de las mujeres.
Adiós a la profesionalización: Se impulsan designaciones a modo
Uno de los aspectos en los que se ha insistido, es que la FGR cuente con un sistema de designaciones adecuado, tanto del Fiscal general como de los fiscales especiales. La Ley que se propone elimina requisitos en el perfil de las y los fiscales especiales, así como el procedimiento que se había establecido para su designación. Esto trae como consecuencia que las designaciones sean al gusto del Fiscal y no con base en la experiencia y en el mérito.
Se destruyen los mecanismos de rendición de cuentas
Aunado a lo anterior, uno de los elementos más preocupantes es la eliminación de todo mecanismo de control, como es el caso del Consejo Ciudadano y la desaparición de la participación de la sociedad civil en el plan de persecución penal. Es preciso destacar que el Senado fue omiso durante estos últimos dos años, ya que nunca nombró a los integrantes de dicho Consejo.
Desestima las opiniones de expertos, de la sociedad civil y de los organismos internacionales
Es una incongruencia que se determine una fecha para la aprobación de una reforma de tal envergadura, que abrogaría la ley actual, sin haber realizado previamente un Parlamento Abierto real.
El ejercicio de deliberación realizado previo a la emisión de la ley vigente en 2018 fue pulcro y debería ser considerado un modelo a seguir. Hasta el momento los espacios de discusión han sido, por desgracia, una simulación para generar la falsa percepción de escucha. Han sido muchas y plurales las voces que desde la sociedad civil y los organismos internacionales se han pronunciado al respecto, sin que el gobierno ni el poder legislativo hayan dado muestras de receptividad y apertura.
En la COPARMEX condenamos enérgicamente la propuesta para crear una nueva Ley de la FGR y nos pronunciamos por la necesidad de que México cuente con una Fiscalía General que sea de verdad independiente y autónoma. Ello requiere que la ley vigente se cumpla de forma efectiva, ya que este es el único camino posible para resolver la impunidad y poner solución a la inseguridad que se vive en el país.
En la Confederación sostenemos que es fundamental modificar el proceso de nombramiento del Fiscal General de la República y que sean atendidas las recomendaciones de organismos internacionales, así como de colectivos y defensores de los derechos humanos. Eternizar la figura del #FiscalCarnal provocará que la justicia sólo sirva al Poder Ejecutivo Federal y a sus aliados políticos, no al pueblo.
En la COPARMEX exigimos que no se dé un paso atrás, ni que el presente Gobierno Federal aspire a la vuelta al autoritarismo, reflejado en el control unilateral, opaco y discrecional de las instituciones. México, los desaparecidos y las víctimas de violaciones a derechos humanos merecen leyes que les sirvan y abonen a obtener justicia.
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