Desde hace décadas, pero en particular en los últimos 15 años, vivir con seguridad ha sido el gran pendiente de México.
Encuesta tras encuesta, los mexicanos colocan a la inseguridad en el más alto nivel de sus preocupaciones. Aún por delante de la pobreza, el desarrollo económico o el empleo.
La mujer trabajadora que regresa a casa en el transporte público; el estudiante en los alrededores de su escuela; el empresario que transporta su mercancía por una carretera, o el turista que recorre nuestras playas y ciudades; todos ellos, sin importar su edad, género, condición social o lugar de residencia han visto tranformada su vida cotidiana por la inseguridad.
Todos han debido limitar sus libertades, aumentar su gasto, y literalmente modificar sus vidas para tratar de protegerse a sí mismos, a sus familias y a sus bienes.
Las calles hace mucho que han dejado de ser un lugar seguro. Las empresas gastan cada vez más en dispositivos y seguros contra el crimen.
Sucesivos gobiernos han prometido acabar con este mal que tanto daño hace a nuestra sociedad. Hoy, desgraciadamente, estos compromisos no son una realidad.
La actual administración ha prometido reiteradamente reducir el índice delictivo a la mitad. Sin embargo, hasta ahora, ha debido admitir que la inseguridad sigue siendo un problema de resolución pendiente.
En el primer semestre 2019 se han agravado los índices delictivos en la mayoría de los casos si los comparamos con las últimas cifras del gobierno anterior.
De acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública al comparar el mes junio de 2018 con el propio mes de junio de este años, los homicidios se elevaron 8.06 % por ciento. Además, y de acuerdo con la misma fuente, 17 mil 82 personas han sido asesinadas durante la presente administración, un promedio diario de 80.57 homicidios entre diciembre de 2018 y junio de 2019.
Las cifras revelan que 32 mil 738 negocios han sido asaltados con violencia entre diciembre 2018 y junio 2019. Casi 154 establecimientos por día.
Por su parte, el delito de extorsión se elevó 23.56 por ciento. El robo a negocio en 16 % por ciento, nuevamente en todos los casos, comparando los índices delictivos de junio del 2018 con los de junio 2019
Las violaciones también entre junio 2018 y junio 2019, crecieron en el país un 7.73 por ciento. Además, en los primeros siete meses de la presente administración, 35 mujeres fueron violadas cada día, en promedio.
Uno de los pocos indicadores que presenta una caída al comparar los niveles de junio de 2018 y de 2019, es el robo, que retrocedió apenas un 1.66 por ciento.
Por otra parte, al comparar en el mismo periodo en materia de secuestros, encontramos un decremento del 23.05 por ciento, lo cual es una buena noticia.
Sin embargo, en el periodo de diciembre de 2018 a junio de 2019, 803 personas han sido secuestradas en el país. Esto significa que en promedio, 3.78 personas son secuestradas cada día en México.
Salvo muy contadas excepciones, como el caso de Tamaulipas donde se presenta una tendencia decreciente de la incidencia delictiva del fuero común en relación con los cuatro años anteriores, la propensión al alza en la inseguridad es un mal en términos nacionales, no regionales. Es un problema que padecemos todos los días, en prácticamente, todo el país.
Hoy se destinan menos recursos que el año pasado para combatir el crimen: el presupuesto federal en materia de seguridad para 2019 es 21.8 por ciento menor que al ejercido en el año anterior.
Por otro lado, el gasto total que México ha destinado a combatir al crimen en 2019, asciende a 101 mil 498 millones de pesos, equivalente apenas al 0.41 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país.
Si comparamos este gasto con los de países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, del que México forma parte, aquí se destina a seguridad y justicia aproximadamente la mitad del promedio de los países de esa organización.
En promedio, en la OCDE se destina el 0.81 por ciento del PIB a seguridad y justicia.
En la estrategia del Gobierno Federal, faltan líneas de acción, faltan tiempos de implementación y faltan desde luego asignaciones presupuestales congruentes con lo propuesto en la estrategia nacional de seguridad que se presentó en el mes de abril pasado.
El sector patronal de México apoya, ha apoyado y seguirá apoyando, la propuesta para la creación de la Guardia Nacional como un mecanismo necesario para combatir al crimen.
Hoy, sin embargo, detectamos serias fallas en su implementación.
Particulamente nos preocupa el reclutamiento de nuevos elementos que no se está dando con la celeridad necesaria.
No existe hoy una fecha de implementación para las unidades de inteligencia y lavado de dinero y además no se percibe, aún, una estrategia de coordinación con las policías de las entidades federativas.
En Coparmex consideramos que se debe implementar un Plan Nacional de Policía que homologue criterios de capacitación, de sueldos y de prestaciones, así como de equipamiento, en todas las corporaciones del país. La Universidad de Seguridad Pública no tiene aún fecha de arranque, y es urgente que se defina su planeación.
Por su parte, las delegaciones de la Fiscalía General de la República en los Estados, continúan trabajando con el modelo de la Procuraduría General de la República del sexenio anterior. La Fiscalía General debe trabajar con fiscalías estatales en materia de narcotráfico, narcomenudeo y labores de inteligencia en la identificación, judicialización y aprehensión de los objetivos prioritarios.
Hay que decirlo con claridad, el 20% de los delincuentes generan el 80% de los delitos de alto impacto.
Continúa pendiente de igual manera un plan de acción inmediata de capacitación de policías ministeriales, de ministerios públicos y también jueces.
Por desgracia hasta hoy no existe una estrategia clara para el combate al lavado de dinero de acuerdo a las reglas del grupo de acción financiera internacional (GAFI).
En el combate al tráfico de armas, no existe una estrategia de coordinación con las aduanas de México.
Para la asignación de programas de prevención del delito, siguen pendientes las metodologías de transparencia de los recursos asignados a ese ámbito, a través de la creación de contralorías sociales en estados y municipios, conformados por la sociedad civil.
Sin seguridad no puede existir ningún tipo de desarrollo. Ni económico, ni social. Por México, y por el bien de todos, en esta tarea no se puede fallar. Estamos listos desde la Coparmex para apoyar a los gobiernos a lograr este objetivo prioritario.
