Seguridad Pública en transición

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Estimados amigos,

La publicación del INEGI en días pasados de las cifras de homicidios ocurridos durante 2017, exigen atención a la grave situación que vive el país. Por muchos años ya, las cifras de violencia, específicamente de homicidios dolosos, se han venido incrementando a niveles alarmantes y nunca antes vistos en México.

Si bien el gobierno entrante ha anunciado algunos cambios institucionales que pudieran contribuir a frenar la crisis, en Coparmex creemos que el gobierno en turno debe asumirse aún como el principal responsable de emprender a la brevedad, las acciones necesarias para pacificar al país.

En Coparmex hemos insistido en que se requiere urgentemente de la actuación del gobierno federal, para detener la embestida de violencia por parte de la criminalidad, que tiene a varios estados de la República Mexicana en máximo estado de alerta, clima que afecta gravemente tanto la inversión nacional como la extranjera y desde luego a la actividad turística.

Consideramos que son necesarias una serie de acciones, todas en la facultad del gobierno de la República, para hacer eficiente el combate a la inseguridad y la violencia:

• Primero.- El fortalecimiento de las instituciones de prevención y procuración de justicia, a fin que capacitar para combatir y castigar la violencia que vive el país.
• Segundo.- Elaboración de una estrategia integral de prevención del crimen, que incluya no solo a las áreas de seguridad, cuanto más necesario a las de desarrollo social y económico.
• Tercero.- Un combate a la inseguridad de manera frontal, utilizando las áreas de inteligencia y de investigación financiera, para acabar con las estructuras del crimen que afectan a las empresas, los empresarios y la sociedad en general, al grado del éxodo o cierre de actividades por región.
• Cuarto.- Más y mejor capacitación para las policías en Estados y Municipios, así como una depuración y la profesionalización de las policías federales.
• Quinto.- Invertir para dignificar la labor del policía con mejores sueldos, seguridad social, y especialmente, dotarlos de las herramientas necesarias para hacer frente a quienes atentan contra la seguridad de los mexicanos.
• Sexto.- Rediseñar la arquitectura institucional relacionada a la seguridad pública, en coordinación con estados y municipios, y avanzar en la consolidación de una fiscalía autónoma para combatir la impunidad, entre otras.

Algunas de estas acciones, solamente requieren un esfuerzo más estricto en la implementación de la política pública por parte del actual gobierno. En el caso de la profesionalización de los cuerpos policiales y de seguridad esto puede llevarse a cabo e iniciarse de forma inmediata. Llevamos prácticamente más de una década en esfuerzos de depuración, capacitación y profesionalización, sin que haya resultados significativos en su desempeño.

Los mexicanos no pueden esperar la llegada de su nuevo titular del Poder Ejecutivo Nacional, para acceder a la seguridad y a la tranquilidad. Es urgente que en los cuatro meses que restan a la actual administración, se tomen las medidas pertinentes para disminuir los índices de homicidios dolosos, de extorsiones, de secuestros, y de la comisión de muchos delitos del orden común.

En ese contexto, resulta imperante que desde el gobierno federal se inicien los trabajos para deslindar a la Secretaría de Gobernación de las tareas de seguridad pública, y reinstalar la Secretaría de Seguridad Pública, como ya sabemos es compromiso del titular de la administración entrante.

En Coparmex apoyamos esta idea, e instamos al gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto a que impulse ésta y todas las iniciativas necesarias en la materia, en cuanto inicie la siguiente la próxima Legislatura.

Consideramos que este cambio es fundamental por dos razones:

Primera, porque la seguridad pública requiere de un conocimiento técnico especializado, que no se vea permeado por cálculos o consideraciones políticas. La actuación de la policía no puede ser un instrumento de gobernabilidad política.

Segunda, porque la seguridad pública concentra la mayor de las diferentes instituciones federales y estatales en torno a un objetivo particular y prioritario. Subordinar la seguridad a consideraciones políticas sólo amenaza la eficacia en su implementación y es susceptible a servir a otros intereses.

El proceso de transición política que vive nuestro país permite que el gobierno entrante se vaya empapando del diagnóstico y los aprendizajes hechos en el tema, al mismo tiempo que el gobierno saliente asuma la responsabilidad que mantiene en la materia.

La transición no puede ser pretexto para que el gobierno ceda en su responsabilidad de hacer todo lo posible para avanzar en la contención de la violencia.

La urgencia con la que hemos realizado este llamado deriva de las cifras críticas que se han corroborado en días recientes.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del INEGI de 2017, en México se registraron 31.1 millones de delitos, lo cual equivale a 37 mil 17 delitos por cada 100 mil habitantes. En el mismo lapso, se cometieron 31 mil 174 homicidios dolosos, lo cual significa que ocurrieron 85 homicidios al día, con una tasa de 25 por cada 100 mil habitantes, cifra que no veíamos desde la década de los sesenta y mayor al doble de la observada hace 10 años.

La situación ha empeorado consistentemente en los últimos años. Específicamente a partir de 2014 cuando las cifras se incrementaron en más del 50% hasta finales de 2017. Con base en datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, especialistas estiman que la comisión de delitos este año crecerá en un 10% adicional.

Las tendencias hablan de una clara incapacidad del Estado para contener la crisis. Las cifras no sólo reflejan un incremento en número, sino una mayor dispersión regional. Los estados más violentos han dejado de concentrar una gran mayoría de los homicidios, lo cual nos habla de más concentración en estados que fueron pacíficos.

Por eso hoy hacemos este llamado a la administración del Presidente Peña Nieto para que, en los cuatro meses que aún continúan de su administración, establezca estrategias claras, efectivas y de fortalecimiento en el sector de la seguridad pública, así como que se acometan los cambios legislativos necesarios para acelerar las transformaciones institucionales requeridas en el futuro próximo.

Estimados amigos,

El combate a la inseguridad debe intensificarse urgentemente. Por eso hacemos un llamado al gobierno federal encabezado por el Presidente Peña Nieto para que reconozca que sigue siendo el principal responsable de mitigar la crisis.

En sus manos está mejorar la implementación de las políticas posibles, e impulsar las iniciativas de ley que permitan mejorar la arquitectura institucional que servirá al nuevo gobierno para enfrentar la gran crisis de la situación.

Muchas gracias,