En la Confederación Patronal de la República Mexicana, COPARMEX, lamentamos el fallecimiento de personas migrantes de origen latinoamericano, nos solidarizamos con las familias de las víctimas y consideramos fundamental que las autoridades hagan su labor de forma imparcial para que se deslinden responsabilidades, porque estos hechos tan dolorosos no pueden ni deben repetirse.
El incendio en la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM) de Ciudad Juárez ocurrido la noche del pasado lunes 27 de marzo, que le quitó la vida a 39 migrantes, es una muestra de que la política migratoria nacional es persecutoria y está militarizada.
El programa “Quédate en México” se tradujo en la implementación de una política migratoria persecutoria que se agudizó con la participación de elementos de la Guardia Nacional, cuyos elementos tienen formación militar, los cuales no actúan como garantes de derechos humanos sino que tienen como objetivo claro la detención y deportación. Esto ha tenido como consecuencia inevitable una serie de detenciones arbitrarias basadas en rasgos raciales y la expulsión colectiva.
Desde nuestra óptica, es necesario que lo dispuesto en la Ley de Migración se cumpla para que la gestión de los flujos migratorios se aborde desde un enfoque de derechos humanos y no de persecución contra las personas.
Es importante recordar que México ha firmado compromisos internacionales en materia de migración y asilo, particularmente el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular que hace un llamado a respetar, proteger y hacer realidad todos los derechos humanos de las personas migrantes, a través del establecimiento de medidas como proteger el derecho a la libertad y a no ser detenido arbitrariamente, incluso dando prioridad a las alternativas a la privación de la libertad, proteger el derecho al trabajo decente y otros derechos laborales, así como luchar contra la discriminación y la xenofobia.
Por otra parte, el Informe sobre Migraciones en el Mundo 2022, elaborado por la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), indica que México es el segundo país destino de migrantes y el corredor entre nuestro país y Estados Unidos es el más grande del mundo. Lo anterior demuestra que nos hemos convertido en un Estado de origen, tránsito, destino y retorno de personas migrantes, lo que exige una política integral que atienda este fenómeno social.
Desde 2019, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) alertó sobre las graves condiciones en los que se encuentran las estancias migratorias en México, pues éstas presentan hacinamiento, acceso limitado a medicamentos, maltrato, extorsión, discriminación y falta de acceso a los servicios de salud a las personas migrantes. Estas situaciones también han sido ampliamente documentadas por diversas organizaciones sociales.
Pero el tema es aún más grave si se considera que, de acuerdo con datos oficiales del gobierno federal, en 2022 se detectaron 18 mil 300 niñas, niños y adolescentes (NNA) extranjeros de países centroamericanos que se encontraban en nuestro país, la mayoría de los cuales huyen de contextos de violencia y pobreza. El Proyecto Migrantes Desaparecidos de la OIM señala que de 2014 a 2023, 4 mil 400 personas migrantes han muerto o desaparecido en la frontera México-Estados Unidos; tan solo en 2023, se registraron mil 434 eventos de los cuales 93 fueron de menores.
En el periodo del 1 de enero al 24 de marzo, el INM detuvo a 34 mil 489 niñas y niños migrantes, de los cuales 2 mil 429 viajaban solos, lo que representa un enorme reto para el Estado mexicano, pues la prioridad debe ser buscar alternativas a la detención de esta población vulnerable, entre las que se encuentra el modelo desarrollado por UNICEF para el cuidado de los infantes que incluye albergues a puertas abiertas, departamentos especializados y acogimiento familiar
Cabe destacar que desde COPARMEX, hemos trabajado en programas piloto para la inclusión laboral de refugiados en México a través de la sensibilización y capacitación a empresas y a nuestros centros empresariales sobre las áreas de oportunidad y ventajas de la contratación de personas en esta condición.
En este proceso hemos detectado diversos cuellos de botella en el ámbito del gobierno federal, que inhiben la inserción laboral de refugiados tales como los trámites prolongados para otorgar el estatus de refugiado y limitaciones para la obtención de RFC, entre otros. Desde el sector empresarial debemos de facilitar el acceso de refugiados a cuentas bancarias y propiciar entornos inclusivos libres de xenofobia y discriminación.
Desde COPARMEX hacemos un respetuoso llamado al gobierno federal a modificar la política migratoria nacional, a cesar las conductas persecutorias y abordar el tema con un enfoque humanista que integre a las personas migrantes a la sociedad, y que particularmente se atienda a la niñez migrante.
Sumando esfuerzos como sociedad, podemos hacer grandes cambios que nos beneficiarán y fortalecerán como nación.
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