Artículo escrito por nuestro Presidente Nacional Gustavo de Hoyos Walther en El Sol de México
Twitter: @gdehoyoswalther
La estrategia del gobierno federal en materia de seguridad no está dando los resultados esperados. Y lo mismo puede decirse de casi todas las instancias locales en este mismo tema. Vivimos en el peor momento de violencia criminal del que se tenga memoria en el país.
Minimizar esta información es irresponsable. Vivimos con miedo. Los gobiernos no están cumpliendo con su función principal que es ofrecer seguridad.
El estado en el que el gobierno recibió la seguridad pública era muy grave. El Presidente propuso y diseñó la Guardia Nacional. El Poder Legislativo aprobó la nueva fuerza de seguridad y Copamex respaldó su creación. Se dotó a la Guardia Nacional con 74 mil efectivos, pero aun así los resultados siguen sin llegar.
El Presidente pidió un plazo de seis meses que luego extendió a un año para comenzar a ver los frutos de su estrategia. Con el tiempo transcurrido, es evidente que la estrategia de la no confrontación con las organizaciones criminales y sus líderes, no está funcionando.
La pacificación, basada en el abandono de la responsabilidad del Estado de hacer valer la ley que se pregona como doctrina de gobierno, en la realidad está dando resultados contrarios a los esperados. La delincuencia está en todas partes. Siete de cada diez mexicanos viven con temor de salir a la calle.
En Puebla, Tapachula y Ciudad Juárez, esa cifra se eleva a nueve de cada diez. Según los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública todos los días privan de la vida a 95 personas, secuestran a 4 y 27 choferes son despojados de la mercancía que transportan.
A diario 150 negocios son asaltados con violencia. En el último año, según información de #DataCoparmex, el 65 por ciento de los socios de esa organización han sufrido algún tipo de delito.
Los mexicanos no podemos acostumbrarnos a vivir en esta zozobra. Si la estrategia no está funcionando, es momento de revisarla, reconocer la ineficacia de las tácticas que no dieron resultado y hacer los ajustes pertinentes. Sin vacilaciones y dejando de lado los cálculos políticos. En regiones en donde ha sido efectiva la disminución de la violencia esto se logró gracias a la convergencia entre gobierno, fuerzas de seguridad, empresarios, sociedad civil y medios de comunicación.
El error de creer que el gobierno puede remediar solo esta difícil situación puede ser muy costoso. Los empresarios, como uno de los sectores más organizados de la sociedad, estamos dispuestos a colaborar por un México más seguro.
No debemos dejar pasar más tiempo. Los abrazos pacificadores no son una estrategia de seguridad, acaso un eslogan político o buenos deseos.
México requiere de un liderazgo valiente en materia de seguridad, que asuma los riesgos de tomar decisiones no siempre populares, pero decididas a hacer valer el Estado de Derecho.
Las decisiones de seguridad deben ser afrontadas sin cobardía. Es absolutamente inaceptable que se repita el llamado jueves negro de Culiacán.
Hoy, el 34 por ciento de los mexicanos no tiene confianza en la eficacia de las policías federales, el 50 por ciento no cree en las policías estatales y el 59 por ciento en las policías locales. Entre más cercano es el policía menos confianza se le tiene.
La inversión foránea y nacional no está llegando en los niveles necesarios, entre otras cosas, por la enorme desconfianza que provoca invertir en un país con tan elevado número de delitos de alto impacto. Debemos revertir con urgencia esta situación. El gobierno debe comenzar por aceptar que la estrategia debe revisarse y, de ser necesario, replantearse.
Es momento de trabajar a fondo en la conformación de policías profesionales y bien capacitadas, cercanas a la ciudadanía. Es impostergable una Ley Nacional de Actos de Investigación y la armonización de la legislación procesal penal de todo el País. Y desde luego, dotar de capacidades humanas, técnicas y materiales al sistema de procuración y administración de justicia.
Pero de inmediato, urge aplicar la ley sin cálculos políticos. La paz social depende de un Sistema Judicial eficiente que haga respetar el Estado de Derecho. Es imprescindible que las acciones de justicia se cumplan dentro de un marco legal.
Los mexicanos tenemos derecho a vivir en paz. Para que esto suceda el Estado debe garantizar el respeto a la ley. Tenemos asimismo derecho a exigir que la estrategia de seguridad, que no parece estar funcionando, se revise a fondo y se modifique.
No podemos seguir en la situación en la que nos encontramos. Queremos vivir en un México sin miedo. Un México donde a los delincuentes no se les premie con un abrazo de reconciliación, sino que se les aplique todo el peso de la ley.
Nosotros estamos listos para enfrentar juntos esta gravísima situación. Confiamos en que el gobierno atienda el llamado de la sociedad.
Los empresarios estamos listos para trabajar hombro con hombro con el gobierno en materia de seguridad. Deseamos lo mismo: un México en paz.
