Artículo escrito por Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la Coparmex Nacional para El Universal
Twitter: @gdehoyoswalther
Durante décadas los mexicanos fuimos, paso a paso, construyendo un sistema democrático, con elecciones confiables e instituciones que servían de contrapeso al Poder Ejecutivo.
Este sistema está hoy en grave riesgo de desaparecer. Con el pretexto de la austeridad, la presente administración recientemente amagó al Instituto Nacional Electoral, al Instituto Nacional de Acceso a la Información y al Sistema Nacional Anticorrupción al señalar sus altos costos de operación, lo que abriría la puerta para modificar sus estructuras.
Aparentemente la pandemia de Covid le está sirviendo de pantalla al gobierno federal para supeditar, vía el ajuste presupuestal, a los órganos autónomos que sirven de contrapeso democrático al poder.
La austeridad gubernamental siempre es importante, no se debe malgastar el dinero de los contribuyentes, más aún en estos tiempos extraordinarios. Pero no podemos dejar de advertir una austeridad selectiva. ¿Por qué deben ser los organismos autónomos como IFT, Cofece y CRE, cuyo trabajo repercute en el ofrecimiento de mejores tarifas en gasolina, electricidad e internet para el consumidor, y no los estadios de beisbol o los elefantes blancos de Dos Bocas, Santa Lucía y el Tren Maya? Se ajusta el presupuesto draconianamente en aquellos organismos que, por ser autónomos, más incomodan al Ejecutivo Federal, dando la impresión de que se trata de ajustes políticos y no de austeridad administrativa.
Igualmente preocupante es que la iniciativa de Morena de concentrar los órganos autónomos en un solo organismo elimina la calificación técnica, la integración colegiada y la permanencia extra sexenal de sus miembros, elementos necesarios para contrapesar los inconvenientes naturales del poder presidencial. El diseño de los órganos autónomos ha permitido acotar al Poder Ejecutivo para volverlo eficaz en su toma de decisiones, sin esa contención institucional el diseño del nuevo instituto permitirá un amplio margen para un presidencialismo exacerbado.
El gobierno debe ser austero, pero ¿por qué no se consideró esto al momento de arrojar al basurero 13 mil millones de dólares, que es el monto de los contratos que se tuvieron que pagar con la cancelación del aeropuerto de Texcoco? Las medidas de austeridad deben ser el resultado de un estudio que indique en qué áreas puede ahorrarse, para ganar en eficacia y brindar mejores servicios al ciudadano. Tomar medidas de austeridad a rajatabla tiene nombre, se le llama austericidio, tal como la describió el ex presidente español Felipe González. No es otra cosa lo que están haciendo al reducir el 75% del presupuesto de todas las dependencias del gobierno federal. En tiempos de recesión, disminuir el gasto de gobierno es una política suicida.
El austericidio resulta particularmente dañino cuando afecta áreas relacionadas con la salud o con los pilares en los que se asienta nuestro sistema democrático, como el INE. Desde muy temprano en su gobierno federal se ha manifestado contra el Instituto electoral. Hace unos días, el Presidente comentó que el “INE es el instituto más costoso en el mundo para organización de las elecciones. ¿Y qué? ¿Garantizaban elecciones limpias y libres? No estaban para eso”. Sorprende la afirmación porque el Presidente accedió al poder mediante elecciones limpias y libres organizadas por el mismo instituto que ahora cuestiona. Si el INE funcionó bien para que el actual Presidente López Obrador accediera al poder, ¿por qué impedir, con el pretexto de la austeridad, que otros hagan lo mismo? Al intervenir en el funcionamiento de un organismo autónomo como el INE, el gobierno y su partido están atentando directamente contra el núcleo de nuestro sistema democrático.
No podemos permitir que el gobierno intervenga en el funcionamiento de los organismos autónomos, sobre todo porque son los organismos dedicados a regular el acceso de los distintos grupos políticos al poder (INE), a garantizar el acceso de los ciudadanos a la información pública (INAI) y a combatir institucionalmente, y no sólo “con el ejemplo”, a la corrupción (SNA). De llevarse a cabo la intervención del gobierno y su partido en el INE, no se garantizarían elecciones limpias y libres, estaríamos retrocediendo al México del pasado siglo.
Queremos que el gobierno garantice y promueva más y más democracia, queremos que el gobierno saque las manos del INE.
La democracia es un proceso interminable. Nunca termina de construirse. Cuando creemos que está consolidada, hay que volver a pelear por ella de nuevo. Si se abandona una casa, al poco tiempo la hierba comienza a invadirla. Lo mismo sucede con la democracia. La iniciativa de fundir el IFT, la Cofece y el CRE en un solo organismo, y los embates y amenazas al INE, INAI y al SNA no deben prosperar. Del mismo modo que los científicos sociales salieron en defensa del CIDE, la comunidad cinematográfica en defensa del Fidecine y los científicos están defendiendo los recortes brutales aplicados al Cinvestav, la sociedad en su conjunto —porque la democracia es algo que nos compete a todos— debe alzar la voz para impedir que el partido en el gobierno, y el gobierno mismo, interfiera en el funcionamiento de los institutos señalados. La defensa de sus instituciones democráticas es la defensa de México.
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