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Estimados amigos,
La semana pasada se aprobó en el pleno de la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma que modifica diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de consulta popular. Un mecanismo con el que el nuevo gobierno tiene contemplado definir diversas estrategias.
Si bien, la atención mediática se volcó específicamente al tema de la revocación de mandato, pues se teme ésta abriría la puerta para una reelección del ejecutivo, la iniciativa de consulta popular es mucho más amplia y profunda.
La iniciativa de consulta popular, tal cual está planteada, supone una #TrampaDelCuarto año de gobierno pues abre la puerta para que, decisiones de carácter técnico y de gran responsabilidad estratégica para el país, como quién paga impuestos, sean decididos por la población manipulada. Además, apuesta a crear un escenario en el que a partir del cuarto año de esta administración, se paguen nuevos impuestos; siendo que fue el mismo Presidente, en su discurso de toma de protesta, quien se comprometió a no subir impuestos ni crear nuevos.
Es evidente, que el uso de estrategias político-electorales para tomar decisiones inherentemente técnicas supone un retroceso para el país.La reforma constitucional en materia de consultas populares, propone que tengan éstas carácter vinculatorio, es decir, que el resultado de la elección sea implementado con carácter obligatorio, cuando participe el 25% de la lista nominal de electores, es decir 21.7 millones de mexicanos.
Esto supondría que una consulta podría ser vinculante con tan solo el voto de tres entidades federativas por ejemplo la Ciudad de México, el propio Estado de México y Veracruz, o con tan solo el voto de las personas de 20 a 29 años.
Con este pequeño porcentaje las consultas podrían poner en riesgo asuntos altamente críticos para la estabilidad de la nación como son los ingresos fiscales. Esto se debe a que la iniciativa aprobada pretende permitir consultar quiénes estarían obligados al pago de impuestos, así como determinar que actos o actividades gravados por los impuestos.
Esto es muy peligroso. Nada en materia fiscal o financiera debe ser objeto de consulta dado el alto nivel profesional y de información que se requiere para tener una opinión válida en este tema.
En COPARMEX siempre hemos defendido la participación ciudadana como una forma de empoderamiento de una sociedad madura y consciente de sus obligaciones así como sus responsabilidades.
Sin embargo, la reforma aprobada por la Cámara de Diputados va en el sentido contrario pues pudiera terminar creando mecanismos de participación que convengan a quienes actualmente detentan el poder, especialmente a la hora de decidir sobre los temas de trascendencia para nuestro país.
Estas modificaciones, de orden constitucional, buscan disminuir la responsabilidad y los costos políticos de quienes fueron elegidos para ostentar el ejercicio del poder y definir el rumbo que necesitamos.
Una de las decisiones más costosas en términos económicos para este gobierno, como lo es haber cancelado el NAICM, fue precisamente derivada de lo que, a todas luces, fue una consulta popular ilegal, sin carácter vinculatorio, y claramente manipulada. Los 13 mil 300 millones de dólares que costará esta decisión son una responsabilidad directa del gobierno, que no debe ser encubierta como si proviniera de los ciudadanos.
Más aún, el utilizar la consulta para materia fiscal supone que las decisiones puedan ser tomadas sin un análisis técnico y sin política pública rigurosa.
El que las decisiones de ingresos se tomen con base en qué tan popular sean pudiera tener severas consecuencias para la sustentabilidad de las finanzas públicas y la propia inversión.
Los impuestos o las contribuciones nunca han sido populares para la mayoría de las personas. De ser puestos a consulta terminarán disminuidos o peor aún, afectando desproporcionadamente a una minoría.
La iniciativa de consulta popular, tal cual se está planteando, es una #TrampaDelCuarto año de gobierno, pues abre la puerta para que, sin evaluación seria y responsable, durante el cuarto año de gobierno se tomen decisiones de política fiscal y financiera a partir de manipulaciones políticas.
De ser ponerse a consulta el cobro de impuestos, la certidumbre del presupuesto de ingresos quedaría a la deriva, y con ella la posibilidad de un desarrollo económico dinámico y equitativo. Se habría engañado a la ciudadanía sobre no subir impuestos, ni crear nuevos, y más aún, un grupo minoritario pudiera ser afectado directamente debido al cobro de impuestos a la herencia al aumento de las tasas impositivas.
El gobierno tiene la responsabilidad de determinar quiénes pagan impuestos y las actividades económicas que deben hacerlo porque es también su responsabilidad velar por un gasto sano y equilibrado.
Exhortamos a la Cámara de Senadores, la cuál, ahora recibirá el dictamen correspondiente proveniente de la camara de Diputados, para generar un debate mucho más amplio, en el que se den los espacios con todos los sectores y se puedan conocer las ventajas y desventajas que tienen las modificaciones constitucionales de este calado.
Exhortamos a todas las fuerzas políticas a que pongan el interés de México sobre cualquier otro. No podemos permitir que se generen mecanismos que, bajo la bandera de participación y democracia, pongan obstáculos al futuro del país.
Necesitamos una visión más amplia que entienda que la participación ciudadana comienza no defraudando a aaquellas personas que los eligieron como representantes populares.
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