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Régimen de (des)confianza

Artículo de opinión escrito por Reginaldo Martín Esquer Félix, Vicepresidente Nacional de Justicia y Asuntos Tributarios de Coparmex | vía Reforma

Twitter: @Reginaldo_EF

Recientemente el Gobierno Federal presentó su paquete económico para el ejercicio fiscal 2022.

Al margen de los muchos detalles de su contenido, una de sus propuestas más novedosas es el llamado régimen simplificado de confianza, que básicamente permite que contribuyentes, personas físicas con actividades empresariales o profesionales, arrendamientos y sector primario, con ingresos menores a $3.5 mdp, puedan pagar una tasa de ISR que podría variar entre el 1% hasta el 2.5% aplicado a los ingresos percibidos en el ejercicio fiscal, sin llevar contabilidad y disminuyendo obligaciones fiscales.
En principio se oye bien, pero ¿será realmente funcional? ¿Servirá realmente para que los actuales contribuyentes obtengan la tan anhelada simplificación administrativa? ¿La economía informal por fin pagará impuestos?
Esta propuesta me hace reflexionar en lo siguiente. Por definición “confianza” significa, según la Real Academia Española, la “esperanza firme que se tiene de alguien o algo”, etimológicamente el término en latín “confidare” deriva de “tener total fe”, en este caso depositada en una persona.

Tomando en cuenta lo anterior, la pregunta inmediata que me hago es si este régimen de confianza se asumirá en dos vías. Por un lado, la que tendrá el SAT respecto del cumplimiento puntual y oportuno de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, y por otro lado la fe depositada de los contribuyentes de que el ejercicio de sus recursos se estará utilizando o ejerciendo de manera prudente, conveniente y responsable de parte del Gobierno Federal. Si no se da en ambas vías, la confianza se pierde.

Lo primero que nubla mi cerebro, y me impide confiar totalmente, es pensar por ejemplo en el gasto público que se ejerce en refinerías obsoletas, o el gasto que se hace en programas sociales con criterios electorales que se destinan a personas que no lo requieren y se eliminan otros apoyos sociales que sí los necesitan.

Así como la política de “abrazos y no balazos” no ha ayudado a disminuir el grave deterioro de la seguridad pública en el país, sino por el contrario la ha agravado, es infantil suponer que con solo legislar la “buena fe” contributiva la economía informal del país empezará a pagar impuestos. Para que realmente funcione una propuesta de esta naturaleza, debería estar aparejada a muy puntuales y específicas políticas públicas y acciones de gobierno que orienten culturalmente entre los mexicanos que todos debemos contribuir al gasto público, y no solo unos cuantos.

Esperemos que no se trate de un nuevo acto de simulación, en donde parece que se quiere hacer, generar una falsa apariencia, pretender acallar las muchas voces que exigen que todos los mexicanos debemos pagar impuestos y no como ocurre que son solo unos cuantos, y que esos pocos que pagan todos los años ven que sus autoridades fiscales solo se ensañan en apretar más a los mismos de siempre, en aparentar que ahora sí la economía informal pagará el Impuesto Sobre la Renta que debería de pagar.

Cierro con un juego de palabras. Efectivamente esto será otra vez una cuestión de confianza, pero si realmente quieren de nueva cuenta un voto de confianza, más vale que al final no se trate de otro caso más de abuso de confianza.

 

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