- La participación de las empresas privadas que invierten en México son fundamentales para el desarrollo del país, sobre todo, en este momento de crisis económica
Bajo el argumento de la existencia de corrupción, pero sin pruebas al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador, busca desacreditar a las empresas del sector energético, ello tras la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de suspender todos los efectos y consecuencias de la nueva política energética de la Secretaría de Energía (SENER) del Gobierno Federal.
Aprovechando sus conferencias de prensa matutinas, el mandatario nacional utiliza pretextos y conceptos equivocados, ya que la soberanía energética no recae únicamente en rescatar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a Petróleos Mexicanos (Pemex), sino también en la participación de las empresas privadas que invierten en México, fundamentales para el desarrollo del país, sobre todo, en este momento de crisis económica.
La SENER tiene 30 días para impugnar la decisión del SCJN, y es en ese periodo en el cual el titular del Poder Ejecutivo Federal debe hacer valer y sustentar sus argumentos técnicos y jurídicos, ya que en el Poder Judicial de la Federación (PJF) se litigan diferencias, no así en las conferencias de prensa matutinas presidenciales, que se han convertido en un tribunal mediático.
Con su decisión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación devuelve la confianza a las inversiones de la iniciativa privada, especialmente al sector de energías renovables, y acota las intenciones del Gobierno Federal de regresar al monopolio de la CFE.
La resolución de la SCJN muestra, además, la relevancia de un órgano regulador enfocado en la competencia económica, como es la COFECE, que existe para buscar las mejores condiciones de mercado, y, además, para que al final, los consumidores puedan acceder a mejores precios y mayor calidad.
Con esta decisión, la COFECE, como ente antimonopolios, garantiza el bienestar de los consumidores mexicanos y la SCJN, como uno de los poderes de la unión, se muestra como un activo para la certidumbre jurídica.
Si el mandatario nacional tiene pruebas de corrupción alguna, debe acudir a los tribunales a denunciar, pero no puede acusar de forma generalizada, sin fundamentos, a todo el sector energético.
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