Artículo de opinión escrito por Domingo Ruiz López, Presidente de nuestra Comisión Nacional Fiscal | Vía El Financiero
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Los ingresos tributarios obtenidos por el Gobierno Federal incrementaron durante 2023, particularmente a través del fortalecimiento de la fiscalización que ha llevado a cabo el SAT, considerando solamente el objetivo de incremento de recaudación que ha sido una estrategia exitosa. Pero el punto, es pensar el para qué de esos ingresos tributarios.
Para ponerlo simple, la finalidad es concreta: debemos pagar impuestos para contribuir a la distribución de la riqueza y la mejora de los servicios públicos, al menos los elementales como salud, seguridad, educación e infraestructura. Por donde se vea, el pacto social se trata de eso. Por lo tanto, la política económica debe tener entre sus objetivos el crecimiento económico, promover la inversión generadora de riqueza para después distribuirla; y el incremento en la recaudación es un instrumento.
Al inicio del año, el SAT publicó, además de los avances en su plan estratégico, el “Plan Maestro de Fiscalización 2024″, en este documento se pueden apreciar los principales sectores de la economía que serán fiscalizados, así como las principales operaciones a revisar, desde las ya conocidas simulaciones a través de empresas “factureras”, las operaciones de outsourcing, hasta cuestiones más sofisticadas como reestructuraciones de empresas y compraventa de acciones poniendo también el foco de atención en los inversionistas.
Ahora, la Secretaría de Hacienda envió a la Cámara de Disputados los Precriterios de Política Económica para 2025, documento esencial que inicia el diálogo hacia la construcción del Paquete Económico, con la particularidad de que ahora existirá relevo en la Administración Pública Federal y quien llegue a ocupar la Presidencia deberá enviar su propuesta de paquete económico a mas tardar el 15 de noviembre.
Con estas reservas, es relevante tener en la mira las bases para el nuevo presupuesto, donde se aprecian indicadores macro muy similares a los del año en curso, con un énfasis en el incremento de la recaudación a través de continuar fortaleciendo la fiscalización y la programación de auditorias con el uso de inteligencia artificial.
El dato no es menor, es probable que por tercer año consecutivo no existan reformas fiscales; lo cual es razonable ante el cambio de administración, de la que esperamos una profunda reforma fiscal acorde a las necesidades del país; y por lo tanto, que por tercer año consecutivo la estrategia de incremento recaudatorio sea a través de la fiscalización.
Entre las muchas reflexiones que esto merece, destaco dos de ellas:
Primera, para el sector productivo está la necesaria administración de riesgos fiscales y el diseño de un sistema de cumplimiento fiscal que permita conocer las implicaciones de las operaciones de acuerdo a su modelo de negocio, además de los alcances de la interpretación de las disposiciones que les son aplicables, la necesidad de crear un ecosistema con clientes y proveedores cumplidos, y el conocimiento de sus derechos.
A lo anterior se suma la atención profesional de invitaciones, entrevistas de vigilancia profunda y auditorias que realiza el SAT, así como el debido ejercicio de sus derechos con ayuda de instancias como PRODECON (institución que por ello requerimos fortalecer), o de plano, mediante adecuadas estrategias de defensa de la razón y el derecho que les asista a través del Tribunal Federal de Justicia Administrativa o el Poder Judicial de la Federación, instituciones cuyo profesionalismo e independencia son vitales precisamente para el ejercicio de los derechos, el control de la legalidad y de la constitucionalidad de los actos.
Segunda, en un contexto electoral es necesario reflexionar nuestra madurez ciudadana. Así como existe el deber de votar y de pagar impuestos, también existe el derecho y el deber de involucrarnos en las decisiones públicas, tener acceso a la información e incidir, exigir, o lo que corresponda, en el adecuado ejercicio del gasto público. Cuando el ejercicio del gasto es ineficiente, inadecuado o poco transparente, va quedando vacío de contenido el deber de tributar ¿Para qué?
Vivimos meses de una sociedad dialogante con actores políticos, candidatas y candidatos que exponen sus propuestas, o no, y en todos los casos piden el voto. Es momento que el diálogo sea diferente y se construyan compromisos alrededor de un sistema tributario que promueva la inversión, el empleo y el desarrollo y un gasto público que redistribuya la riqueza para disminuir la desigualdad, de manera que el Gobierno cumpla su deber de general bienestar social a través de servicios públicos de calidad. #OpiniónCoparmex
